Estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) han manifestado públicamente su preocupación ante presuntos casos de acoso sexual que, según denuncian, involucrarían a funcionarios de la institución. A través de testimonios difundidos en redes sociales y mensajes anónimos, aseguran que no se trataría de hechos aislados, sino de comportamientos reiterados que habrían afectado la integridad, la tranquilidad y el bienestar de varios miembros de la comunidad académica.
Las denuncias señalan conductas como comentarios inapropiados, insinuaciones de carácter sexual, acercamientos sin consentimiento y presuntas presiones indebidas en espacios académicos y administrativos. Estas situaciones, de acuerdo con los relatos estudiantiles, han generado un ambiente de temor y desconfianza, especialmente entre quienes afirman haber considerado denunciar formalmente los hechos.
Algunos estudiantes aseguran que, pese a la existencia de reportes previos, no se evidenciarían acciones contundentes o resultados visibles frente a los presuntos responsables, lo que ha incrementado la percepción de impunidad dentro de la institución. Esta situación, según indican, estaría desincentivando la denuncia y profundizando el silencio entre las posibles víctimas.
Frente a este panorama, la comunidad estudiantil exige una respuesta institucional clara, oportuna y transparente. Subrayan que el acoso sexual, en cualquiera de sus formas, constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales y debe ser abordado con seriedad, garantizando la protección integral de las víctimas, así como el respeto al debido proceso de todas las partes involucradas.
En ese sentido, se hace un llamado a las directivas de la UPTC para que activen de manera inmediata los protocolos de atención y prevención de violencias basadas en género, adelanten investigaciones rigurosas y, de ser necesario, adopten las medidas disciplinarias y legales correspondientes contra quienes resulten responsables.
Asimismo, estudiantes y colectivos universitarios insisten en la necesidad de fortalecer las rutas de acompañamiento psicológico y jurídico, así como de promover campañas de prevención y formación en respeto, convivencia y derechos humanos.
La comunidad académica concluye que garantizar espacios seguros no es opcional, sino una obligación institucional. El silencio, afirman, no puede seguir siendo la respuesta frente a denuncias que comprometen la dignidad y seguridad en el entorno universitario.
