El presidente Gustavo Petro defendió de manera integral dos de las decisiones económicas más polémicas de su Gobierno: el decreto del salario mínimo vital y el decreto de emergencia económica con medidas tributarias. En una alocución pública, el Mandatario sostuvo que ambas decisiones deben evaluarse por sus resultados reales y no por temores o proyecciones especulativas, y aseguró que la evidencia disponible respalda la estrategia adoptada por el Ejecutivo.
En primer lugar, Petro rechazó la crítica según la cual el aumento del salario mínimo real genera inflación, especialmente en los alimentos. Afirmó que la experiencia reciente demuestra lo contrario: mientras el salario real ha crecido de forma significativa, los costos de producción han disminuido y los precios de los alimentos se han mantenido estables. Para sustentar esta afirmación, citó el comportamiento de los precios en la central mayorista de Corabastos, que consideró estadísticamente representativa, y aseguró que no se observan alzas atribuibles al aumento de ingresos de los hogares.
Según el Presidente, entre 2022 y 2025 el salario mínimo real creció cerca del 18%, producto de los decretos expedidos por su Gobierno. Señaló que, si el argumento de sus críticos fuera correcto, ese aumento ya habría provocado un encarecimiento generalizado del costo de vida, algo que —según dijo— no se ha materializado. Por el contrario, sostuvo que los costos de producción cerraron el último año con variación negativa y que los precios de los alimentos básicos permanecen estables, lo que refuerza su tesis de que un mayor salario real no se traduce automáticamente en inflación.
Petro enmarcó el concepto de “salario mínimo vital” como una obligación constitucional y un mandato de los convenios internacionales del trabajo, más que como una decisión política coyuntural. Afirmó que los primeros días de aplicación del decreto ya permiten contrastar la crítica central en su contra: que el salario vital dispararía los precios. Para el Mandatario, ese efecto no se ha demostrado y, por tanto, el argumento pierde sustento.
En ese contexto, el Presidente abordó uno de los puntos que, a su juicio, distorsionan el debate sobre el impacto del salario mínimo: la indexación de múltiples tarifas y costos al salario. En particular, se refirió a la vivienda y sostuvo que el costo laboral en este sector representa apenas el 20%, por lo que considera un error que los arriendos y otros precios se ajusten automáticamente con base en el salario mínimo. Por ello, dio la instrucción al ministro de Hacienda para expedir decretos que “desindexen” la vivienda del salario mínimo y rompan esa cadena automática que, según él, encarece artificialmente el costo de la vida.
El Presidente también ubicó su política salarial dentro de una corrección histórica en la distribución del ingreso. Explicó que la participación del trabajo en el ingreso nacional cayó de 44,5% en 1996 a 38,9% en 2022, y que para 2025 habría recuperado hasta 42,5%. Según Petro, esa pérdida acumulada en más de dos décadas equivale a alrededor de 656 billones de pesos, y el salario vital es una herramienta para revertir esa tendencia y mejorar la participación de los trabajadores en la riqueza nacional.
En la segunda parte de su intervención, el Mandatario se centró en la defensa del decreto de emergencia económica. Aseguró que esta medida fue necesaria debido a “hechos sobrevinientes” generados por la actuación del Congreso, que hundió en dos ocasiones la ley de financiamiento. Según su versión, esa decisión redujo la capacidad fiscal del Estado, elevó el riesgo país y encareció el costo de la deuda, empujando al país a un escenario de posible insostenibilidad fiscal.
Petro explicó que la emergencia económica no se decretó para aumentar el gasto, sino para recuperar recursos, reducir el déficit fiscal y evitar una crisis mayor. Señaló que el decreto tributario concentra la carga en los sectores de mayores ingresos, como los grandes capitales, los monopolios económicos y las rentas especulativas, con el objetivo de fortalecer la capacidad de pago del Estado.
El Presidente afirmó que, tras el hundimiento de la ley de financiamiento, el costo de la deuda interna llegó a ubicarse cerca del 13%, lo que hacía insostenible el manejo fiscal. En ese contexto, presentó la emergencia económica como una medida defensiva para evitar una “quiebra fiscal”, producto de un círculo vicioso entre menor recaudo, mayor costo de la deuda y aumento del déficit.
Como evidencia de que la emergencia económica produjo resultados, Petro citó la reciente emisión de bonos por 4.950 millones de dólares, que recibió ofertas por cerca de 23.000 millones de dólares. Señaló que la tasa promedio de la operación fue cercana al 6%, frente a niveles de alrededor del 8% que, según él, se registraban tras el hundimiento de la ley de financiamiento. Para el Mandatario, esta diferencia demuestra que el decreto de emergencia redujo el riesgo país y devolvió la confianza de los mercados.
El Presidente agregó que su Gobierno recortó el gasto en aproximadamente 16 billones de pesos durante 2025, como prueba de que la estrategia fiscal no apunta a una expansión irresponsable, sino a un ajuste combinado con refinanciación de deuda más barata.
Finalmente, Petro dirigió un mensaje a las altas cortes, que deberán pronunciarse sobre la legalidad de los decretos. Les pidió evaluar las medidas con lógica económica y con base en sus efectos reales: cuando el Estado pierde capacidad de pago, la deuda se encarece; cuando la recupera, el costo baja. En su conclusión, sostuvo que la política económica del Gobierno va en la dirección correcta y que los resultados en salarios, precios y financiamiento respaldan la adopción de la emergencia económica y del salario mínimo vital.
