Más de 30 estudiantes en Bogotá denuncian que habrían quedado afectados después del cierre inesperado de una academia de idiomas. Los alumnos aseguran que pagaron por cursos que no pudieron completar y que, pese a no estar recibiendo las clases contratadas, algunos continúan pagando créditos educativos relacionados con esos estudios.
Según los afectados, la academia habría dejado de funcionar sin previo aviso y, antes del cierre, ya existían dificultades para comunicarse con la institución, programar las clases y obtener respuestas sobre sus procesos académicos. Una de las estudiantes contó que comenzó su formación en enero y esperaba terminarla en marzo, pero posteriormente solicitó cambiarse a la modalidad virtual y su petición habría tardado cerca de dos meses en ser atendida.
La situación también representa un problema económico para los estudiantes. Algunos aseguran que realizan pagos mensuales de aproximadamente 400.000 pesos mediante créditos educativos, aunque las clases que habían contratado no fueron recibidas completamente. Por esta razón, los afectados están solicitando información sobre posibles reembolsos, cancelación de obligaciones o reubicación en otras instituciones para poder continuar sus estudios.
El problema no solo afectaría a los alumnos. Varios profesores también denunciaron dificultades laborales y afirmaron que tendrían pagos pendientes. Esto aumentó la preocupación de la comunidad educativa, que busca respuestas sobre la situación financiera y administrativa de la academia.
Ante las denuncias, la institución afirmó que atraviesa una situación «extraordinariamente compleja» y aseguró que está trabajando para recuperar progresivamente sus operaciones y atender las afectaciones ocasionadas. También manifestó que algunos hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades y que existen actuaciones ante la Fiscalía General de la Nación y el GAULA, además de acciones judiciales para establecer responsabilidades.
Mientras avanzan las investigaciones, los estudiantes afectados esperan obtener soluciones concretas sobre el dinero que han pagado y sobre la posibilidad de continuar su formación en otros centros educativos. El caso permanece bajo investigación y las denuncias deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.
