El abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, presentó nuevas pruebas ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso penal que se adelanta contra el representante a la Cámara Miguel Polo Polo. El memorial fue radicado el 7 de enero de 2026 y amplía la denuncia inicial con hechos recientes ocurridos entre diciembre de 2025 y enero de 2026, relacionados con publicaciones y pronunciamientos del congresista en redes sociales.
De acuerdo con la defensa del mandatario, el documento quedó formalmente registrado y fue puesto en conocimiento del magistrado Francisco Javier Farfán Molina, quien adelanta el caso. El escrito se basa en contenidos publicados en la plataforma X, los cuales son presentados como pruebas públicas y verificables, incluyendo enlaces directos, métricas de alcance y trazabilidad digital, con el objetivo de demostrar el impacto y la difusión de los mensajes.
Según el abogado Carranza, los nuevos hechos incorporados refuerzan un patrón de conducta ya denunciado previamente. El memorial señala imputaciones presentadas como si fueran certezas, actos de estigmatización política, insultos, posibles descalificaciones a la administración de justicia y la construcción de una narrativa que sugiere una “invasión externa” como forma de “corrección” política. Este tipo de discurso es calificado en el documento como abusivo, inconstitucional y potencialmente lesivo para la unidad y la soberanía nacional.
En el escrito se solicita a la Corte Suprema evaluar si las conductas atribuidas a Polo Polo se adecuan a varios delitos contemplados en el Código Penal colombiano, entre ellos injuria, calumnia agravada, hostigamiento por orientación política, instigación a delinquir, instigación a la sedición y menoscabo de la integridad nacional. Asimismo, la defensa pidió medidas de aseguramiento probatorio digital, como la preservación de contenidos, metadatos, huellas hash, cadena de custodia y requerimientos formales a la plataforma donde se difundieron los mensajes.
El apoderado judicial del presidente explicó que la divulgación pública de esta actuación busca garantizar transparencia y dejar constancia de que las expresiones del congresista están siendo evaluadas dentro de un proceso judicial. Al mismo tiempo, aclaró que se respetan la presunción de inocencia, el debido proceso y la libertad de expresión, aunque subrayó que esta última tiene límites constitucionales cuando se afecta la honra, la institucionalidad o la soberanía del país.
El caso tiene antecedentes claros. El 25 de noviembre de 2025 fracasó un intento de conciliación dentro de la denuncia interpuesta por el presidente Petro por los presuntos delitos de injuria, calumnia y hostigamiento agravado. El origen del proceso se remonta a publicaciones del congresista en las que atribuyó responsabilidad política al jefe de Estado por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, afirmaciones que Petro consideró falsas, calumniosas y carentes de sustento.
Adicionalmente, Miguel Polo Polo enfrenta otra investigación por hostigamiento contra el presidente, en la cual la Corte Suprema ya formalizó la apertura de juicio. El expediente también incluye hechos de noviembre de 2023, cuando el congresista difundió el mensaje “¡Gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!”, acompañado de un video en el que se quemaba una bandera del M-19, así como publicaciones de enero de 2026 en las que hacía alusiones a una posible intervención militar de Estados Unidos en Colombia.
Por estos últimos mensajes, el representante fue igualmente denunciado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien solicitó a la Corte Suprema estudiar la apertura de una investigación formal. Con las nuevas pruebas aportadas, la Sala de Instrucción deberá definir ahora el alcance jurídico de los hechos, la pertinencia de los elementos probatorios y los próximos pasos en un proceso que sigue escalando tanto en el plano judicial como en el político, en medio de un ambiente de alta polarización en el país.
