Por: Alina Constanza Silva
En el día de ayer renuncio la señora Zuleta como miembro de la Junta Directiva de la empresa colombiana de hidrocarburos. Según, se ha informado el motivo de su renuncia es no estar de acuerdo con el gerente de la entidad que firmó un contrato de publicidad con una empresa extranjera por valor superior a US$5.8 millones.
Como es de conocimiento público toda persona que hace parte de una junta directiva, en especial si es del sector público debe saber que la junta directiva es fundamental para la gobernanza de una entidad por las siguientes razones: por el direccionamiento estratégico que implica que deben propiciar la definición de la visión, misión y valores corporativos, así como aprobar planes estratégicos a mediano y largo plazo. Además, deben supervisar el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
Igualmente, los miembros de la junta pueden hacer la supervisión de la gerencia o facultad para nombrar, evaluar y remover al gerente general o asegurarse que el gerente ejecute adecuadamente la estrategia aprobada. Todo miembro de una junta está inmerso en el proceso de toma de decisiones claves, especialmente en temas relacionados con presupuesto, inversiones, alianzas, fusiones o adquisiciones mediante el establecimiento de políticas financieras, éticas y operativas. El papel del miembro de la junta debe ser proponer auditorías internas y externas para medir el desempeño de la gerencia y de la empresa en general. La gestión del riesgo es parte del compromiso que se establece entre una persona que integra la junta y la gerencia de la entidad, entonces, identificar los riesgos claves de carácter legal, reputacional y financiero debe estar en la agenda de cada integrante de la junta. Se constituyen como personas representantes de la empresa porque representan los intereses de los accionistas o miembros y especialmente deben servir como enlace con actores externos del gobierno y la comunidad en general.
Los miembros de la junta tienen responsabilidad fiduciaria, lo que implica actuar en el mejor interés de la empresa, es decir, debe mostrarse el deber de diligencia, o sea, tomar decisiones informadas y razonables, como lo haría una persona prudente en una situación familiar. Existe el deber de lealtad que indica que se debe actuar con buena fe y no usar su posición para beneficio personal indebido. Es parte de la responsabilidad velar por el cumplimiento del propósito, de los estatutos y las leyes que le correspondan. Todo miembro de una junta directiva tiene responsabilidad civil, penal y solidaria. Si se presentan daños causados por negligencia o mala gestión son responsables, en casos de fraude, corrupción o violaciones graves a la ley también son responsables y la responsabilidad solidaria implica que deben responder con su patrimonio personal al probarse su manifiesta negligencia o mala fe.
Una persona que ha sido designado en una junta directiva, como, por ejemplo, la de Ecopetrol, debe declarar posibles conflictos de interés, su deber es participar con criterio en las decisiones a que haya lugar, dejar constancia en actas si se disiente de las decisiones problemáticas y debe velar por la transparencia y la eficiencia del gasto público.
Por todo lo anterior, no es posible aceptar que un miembro de la junta de la empresa pública que sea o mixta, no es responsable por lo que haga la gerencia. Todo miembro de una junta si cohonesta con una mala administración, ya sea en Ecopetrol, o en las cámaras de comercio, o en los consejos superiores universitarios y en todas aquellas organizaciones que administran recursos financieros de carácter público son plenamente responsables por acción o por omisión de sus funciones. Sin condenar a las personas que hacen parte de la junta directiva de Ecopetrol, si es menester indicar que no pueden decir que por desconocimiento de las actuaciones del gerente no son responsables de sus acciones o negligencia en el cargo designado. Falta escuchar las explicaciones de sus integrantes para evidenciar que despropósitos han autorizado con el erario.