A partir del 1 de enero de 2026, con el Decreto 1474 de 2025 y la declaratoria de emergencia económica, el Gobierno colombiano aumentó la carga tributaria sobre licores como aguardiente, ron y whisky.

  • La medida forma parte de un paquete para incrementar el recaudo fiscal, tras el fracaso de una reforma tributaria previa y con el objetivo de cubrir un déficit presupuestal significativo.

🔼 Cambios principales:

  • 📈 IVA para licores fuertes pasó del 5% al 19%.
  • 📈 El impuesto al consumo específico por grado alcohólico aumentó de $342 a $750 (por grado por botella de 750 ml).
  • 📈 El componente ad valorem que se aplica sobre el precio de venta aumentó del 25% al 30%.

💸 ¿Cuánto están subiendo los precios?

Según los datos que consultan marcas y productores (como la Industria Licorera de Caldas y estimaciones de mercado):

🥃 Aguardiente

  • Antes: ~ $50,000 por 750 ml
  • Después de impuestos: ~ $63,000 por 750 ml
    👉 Un incremento aproximado de 25–40% según marca y región.

🍹 Ron

  • Antes: ~ $55,800 por 750 ml
  • Después: ~ $70,470 por 750 ml
    👉 Un incremento del orden del 25–55%.

🥃 Whisky (importados también suben)

  • Ejemplos de rangos:
    • Old Parr 12 años: de ~$135,000–$165,000 a ~ $136,000–$178,000
    • Buchanan’s estándar: hasta ~ $215,000 según establecimiento.

💡 En algunos casos (según publicaciones locales y productores) los incrementos rondan un 43% en aguardiente Amarillo de Manzanares y hasta 55% en Ron Viejo de Caldas tradicional.

📉 ¿Qué impacto se está observando?

💰 En consumidores

  • El aumento de impuestos se traduce en precios finales más altos en tiendas y bares, afectando directamente el bolsillo de quienes compran estas bebidas.

🏭 En la industria

  • Productores y distribuidores advierten que esta mayor carga tributaria podría:
    • Reducir la venta legal de licores.
    • Incentivar el contrabando y el mercado de licor adulterado por la brecha de precios con productos informales.

📊 En gobiernos regionales

  • Gobernadores y alcaldes han manifestado que los cambios afectan los ingresos propios que destinan a salud, educación y proyectos sociales, generando tensiones políticas con el Gobierno central.
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