El escándalo que sacude a la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar de Nariño adquiere cada vez mayores dimensiones. En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación elevó a once el número de personas privadas de la libertad dentro de la investigación que busca establecer cómo se habría estructurado un millonario entramado de corrupción alrededor de la contratación de esta entidad.
La más reciente actuación de las autoridades tiene como protagonista al empresario Giovanny Freyre, quien fue detenido en la ciudad de Pasto y quien, según los elementos que hacen parte de la investigación, habría sido el gerente de la desaparecida empresa Puma Seguridad, compañía que habría sido utilizada dentro del esquema investigado para acceder, mediante contratos presuntamente ficticios o direccionados, a recursos de Comfamiliar de Nariño.
La captura de Freyre representa un nuevo capítulo de un proceso judicial que comenzó a conocerse públicamente a finales de julio comienzos de agosto del presente año y que, lejos de detenerse, ha ido involucrando a funcionarios, exfuncionarios, contratistas y empresarios.
Ocho contractos claves
La investigación de la Fiscalía tiene como uno de sus principales ejes ocho contratos cuyo valor global asciende a $9.804.893.500, recursos provenientes del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, FOSFEC. De acuerdo con las autoridades, esos contratos habrían sido objeto de un presunto direccionamiento mediante procesos de contratación que, aunque formalmente aparentaban ser abiertos, habrían estado previamente orientados hacia determinados contratistas.
Licitaciones simuladas
Los primeros resultados de la investigación permitieron establecer, según la Fiscalía, que entre octubre de 2025 y mayo de 2026 se habrían realizado procesos de contratación mediante licitaciones simuladas, invitaciones diseñadas a la medida de determinados oferentes y procedimientos que aparentemente buscaban garantizar pluralidad de participantes, cuando en realidad las adjudicaciones ya estarían previamente acordadas.
Uno de los elementos que más ha llamado la atención de los investigadores es el supuesto pago de comisiones sobre los anticipos de los contratos, además de la presentación de cuentas con posibles sobrecostos. La Fiscalía estableció inicialmente que de los $9.804 millones contratados se desembolsaron anticipos superiores a $2.942 millones, equivalentes al 30 por ciento del valor total de los contratos.
La investigación también ha señalado que algunos contratos habrían sido fraccionados en cuantías inferiores con el propósito de evitar una mayor participación de oferentes. De igual manera, se habrían elaborado estudios previos y pliegos con requisitos restrictivos, aparentemente ajustados a las características de empresas que ya habían sido seleccionadas.
Se espera más información
En ese contexto aparece ahora el nombre de Giovanny Freyre, empresario que habría estado vinculado a Puma Seguridad. Según las hipótesis que son materia de investigación, esta compañía habría servido como uno de los vehículos empresariales mediante los cuales se habría intentado acceder a recursos de la Caja de Compensación.
La responsabilidad concreta de Freyre deberá ser determinada por la justicia y será durante las audiencias correspondientes cuando la Fiscalía tendrá que presentar los elementos materiales probatorios que sustenten los señalamientos en su contra. Por tratarse de una investigación en curso, cualquier imputación debe entenderse dentro del principio constitucional de presunción de inocencia.
Bajo investigación
Con esta nueva captura, el número de personas privadas de la libertad dentro del escándalo llega a diez, de acuerdo con la información conocida en las últimas horas.
Entre los procesados se encuentra el exdirector de Comfamiliar de Nariño, Diego Raúl Blanco Pérez, quien fue judicializado junto con varios contratistas en una segunda fase de la investigación.
También aparecen Olga Alicia Vásquez, quien ocupaba un cargo directivo en la Caja; Edgar Alonso Insandará, empresario y exfuncionario; Diana Marcela Salazar; Rosa Milena Lagos; Juan Pablo Apraez; Liliana Goretti Osorio; Miriam Andrea Martínez; Jaime Alejandro Narváez, y ahora el empresario Giovanny Freyre.
La Fiscalía había informado que, en la primera fase, Olga Alicia Vásquez, Diana Marcela Salazar Quelal, Rosa Milena Lagos Medicis y Edgar Alonso Insandará fueron judicializados por su presunta participación en el entramado. Posteriormente fueron vinculados Diego Raúl Blanco Pérez y los contratistas Juan Pablo Apraes Castañeda, Liliana Goretti Osorio Villota, Miriam Andrea Martínez Ega y Jaime Alejandro Narváez Arévalo.
Según el ente investigador, Blanco Pérez, en su condición de ordenador del gasto, habría avalado actuaciones relacionadas con la adjudicación de los contratos. La Fiscalía también señaló que determinados oferentes habrían conocido anticipadamente los términos de referencia y que algunos particulares habrían prestado sus nombres para facilitar operaciones en beneficio de terceros.
Los delitos atribuidos a varios de los procesados incluyen peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, dependiendo de la responsabilidad individual que la Fiscalía atribuye a cada uno.
Un entramado que comenzó a crecer
Lo que inicialmente parecía ser un caso limitado a cuatro personas terminó ampliándose rápidamente. La propia Fiscalía había advertido que los primeros resultados correspondían solamente a una fase de la investigación y que no se descartaba la aparición de nuevos involucrados.
Esa advertencia comienza a materializarse con las nuevas capturas y judicializaciones.
La dimensión económica del caso explica en buena medida la preocupación que existe en Nariño. No se trata simplemente de irregularidades administrativas menores, sino de una investigación relacionada con contratos cuyo valor supera los 9.800 millones de pesos, recursos destinados a programas relacionados con el empleo y la protección de los cesantes.
Precisamente por tratarse de recursos del FOSFEC, el caso adquiere una especial gravedad. Son dineros destinados a cumplir una función social y que, de comprobarse las acusaciones, habrían terminado involucrados en una estructura diseñada para beneficiar intereses particulares.
Las autoridades han venido recopilando información mediante auditorías forenses, inspecciones contables e interceptaciones, herramientas que, según la Fiscalía, permitieron identificar la existencia de posibles acuerdos previos entre funcionarios y particulares.
La versión sobre ‘gente de Botoá’
Mientras avanza el proceso judicial, en Nariño también han comenzado a circular versiones sobre la posible participación o colaboración de personas relacionadas con lo que popularmente se ha denominado “gente de Bogotá”.
Estas versiones, sin embargo, deben ser manejadas con especial prudencia. Hasta el momento forman parte de los rumores y líneas que eventualmente podrían ser verificadas por los investigadores, pero no pueden presentarse como hechos comprobados mientras la Fiscalía no encuentre elementos materiales probatorios que permitan establecer responsabilidades concretas.
Precisamente uno de los desafíos que tiene ahora el ente investigador consiste en determinar si detrás de las empresas, contratos y operaciones descubiertas existía una estructura más amplia de personas que habría facilitado la apropiación de los recursos.
TITULO
¿Habrá más capturas?
La expectativa en Nariño está ahora concentrada en lo que pueda ocurrir durante las próximas horas y días y de acuerdo con lo que se ha conocido, no se descarta que puedan producirse nuevas capturas o judicializaciones.
Por lo pronto las autoridades están reconstruyendo paso a paso la ruta de los recursos, determinar la participación individual de cada uno de los investigados y establecer si los ocho contratos inicialmente identificados constituyen la totalidad de las operaciones irregulares o si existen otros procesos contractuales que puedan estar relacionados.
La pregunta central que comienza a hacerse la opinión pública es cómo pudo desarrollarse una operación de semejante magnitud dentro de una institución que administra recursos destinados al bienestar social.
El escándalo de Comfamiliar de Nariño deja, además, una enorme responsabilidad para los organismos de control. Más allá de las capturas, la sociedad necesita conocer qué ocurrió con los recursos, quiénes participaron, cuánto dinero fue efectivamente apropiado y cuánto puede ser recuperado.
Hasta ahora, la Fiscalía ha encontrado elementos que apuntan a un presunto sistema de contratación direccionada. Pero será la justicia la encargada de establecer, mediante decisiones judiciales definitivas, cuáles de las acusaciones logran ser demostradas.
Lo cierto es que la captura de Giovanny Freyre abre un nuevo capítulo de un escándalo que ya tiene diez personas privadas de la libertad y que podría seguir creciendo.
TITULO (RECUADRO)
Una crisis histórica
Comfamiliar de Nariño enfrenta así una de las crisis institucionales más graves de los últimos años. Mientras avanzan las investigaciones, la ciudadanía espera que las autoridades lleguen hasta el fondo de este entramado, establezcan la verdad y, sobre todo, garanticen que los recursos destinados a los trabajadores, desempleados y familias beneficiarias de la Caja no vuelvan a quedar expuestos a estructuras de corrupción.
El expediente apenas comienza a revelar todas sus dimensiones y las próximas actuaciones de la Fiscalía podrían ser determinantes para conocer quiénes estuvieron detrás de la operación, cómo funcionaba el mecanismo y cuál fue finalmente el destino de los casi $9.804 millones que se encuentran en el centro de esta investigación.
