Por Mauricio Fernando Muñoz Mazuera
En febrero de 2022, la FIFA y la UEFA vetaron a la selección y a los clubes de Rusia de las competiciones internacionales tras la invasión a Ucrania. Esta sanción se aplicó como respuesta política al ataque a la soberanía de un Estado y se ha mantenido desde entonces. Más tarde, de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó condiciones muy estrictas para que atletas rusos compitieran sin representar oficialmente a su país. En muchos casos, solo fue posible bajo bandera neutral. La Champions League, como torneo organizado por la UEFA, también excluyó a los equipos rusos. El deporte, entonces, se convirtió en un escenario de presión política. Algo similar ocurre con Israel tras el conflicto en Gaza y territorios palestinos: varios clubes y deportistas han rechazado disputar amistosos con selecciones israelíes. No es una sanción oficial por parte de FIFA o COI, pero sí un gesto de repudio que evidencia cómo los conflictos armados terminan permeando el ámbito deportivo.
Traigo a colación estos casos para pensar en lo ocurrido con Venezuela y la actuación de Donald Trump. La solicitud de extradición de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos equivale a un ataque directo contra la soberanía venezolana y abre un peligroso precedente. Surge entonces una pregunta: ¿qué diferencia a Rusia de Estados Unidos para que se adopten medidas tan drásticas contra el primero y, en cambio, no se contemplen sanciones deportivas o políticas contra el segundo? ¿Qué esperan la FIFA y el COI para actuar, por ejemplo, frente a la presencia de Estados Unidos en el próximo Mundial si se ha vulnerado el derecho internacional?
Lo realizado por Trump el pasado 3 de enero revive episodios bélicos que aprendimos en historia, caracterizados por actos de egocentrismo político que atropellan normas jurídicas internacionales, incluidas las declaraciones de la ONU sobre respeto a la soberanía de los pueblos. Nadie defiende a Nicolás Maduro. Su permanencia en el poder, la modificación de la Constitución y el desconocimiento de procesos democráticos son propios de tiranos. Es imposible avalar ese accionar. Pero igualmente injustificable es aplaudir la actitud de Donald Trump.
Un principio básico del derecho es la seguridad jurídica: saber por qué se es juzgado, investigado o condenado. Ese principio ha sido pisoteado cuando un país impone su ley sobre otro, desconociendo la autonomía institucional ajena. Qué detestable resulta que un abogado o estudioso de las leyes defienda la actitud de Trump, cuando se nos formó en el respeto a la norma y al derecho internacional. Quien lo haga debería dejar de llamarse abogado, porque ese título le queda demasiado grande.
Finalmente, deben encenderse todas las alarmas frente a las amenazas que Trump ha lanzado contra países como Cuba, México, e incluso sobre territorios estratégicos como Groenlandia, así como contra nuestro propio país. La historia nos ha mostrado que ese tipo de discursos no son inofensivos. Fue así como actuó Hitler en 1939 al invadir Polonia, mientras el mundo no reaccionaba a tiempo. Las consecuencias para la humanidad fueron devastadoras. El año 2026 no ha comenzado de la mejor manera posible. Hoy más que nunca debemos estar atentos, porque no se trata solo de soberanía, sino de libertad. De esa libertad que muchos colombianos parecen dispuestos a poner a merced de Estados Unidos.
Nunca dejaré de sentirme orgulloso de ser pastuso, y más ahora, cuando la historia vuelve a darnos la razón. Pertenezco al pueblo que supo ver que varios de los criollos que en las guerras de independencia enarbolaban la bandera de la libertad, en realidad solo buscaban quedarse con el poder y entregar el país al mejor postor, tal como algunos pretenden hacerlo en la actualidad.
