En un insólito caso de extorsión ocurrido en el municipio de Putumayo, una mujer identificada preliminarmente como Omaira Cardozo fue judicializada luego de ser sindicada de simular el secuestro de su compañero sentimental y exigir una suma de dinero a cambio de su liberación. Los hechos, que habrían ocurrido el pasado 4 de febrero, fueron investigados por agentes de la Fiscalía General de la Nación, quienes, tras una exhaustiva recopilación de pruebas, lograron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario para la sindicada.
La captura de Cardozo se llevó a cabo en la vía pública de La Hormiga, en el departamento de Putumayo, por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con el apoyo de Gaula del Ejército y la Policía Nacional. La mujer fue arrestada luego de que la Fiscalía le imputara el delito de extorsión agravada, un cargo que, según la versión de la procesada, no fue aceptado por ella.
Intimidación
De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades, la mujer habría enviado una serie de mensajes intimidatorios a la familia de su pareja, haciéndose pasar por un supuesto secuestrador y simulando un rapto de su compañero sentimental. Los hechos habrían tenido lugar cuando la mujer intentaba encontrarse con su pareja en un sector rural de Santana, corregimiento de Puerto Asís, en Putumayo.
Según los informes de la Fiscalía, la suma exigida a la familia para la liberación del hombre ascendió a 80 millones de pesos, bajo la amenaza de que la vida de su ser querido corría peligro si no se entregaba el dinero. Para llevar a cabo su plan, la sindicada habría utilizado varias líneas telefónicas, lo que dificultó inicialmente la identificación de su implicación.
La rápida intervención de las autoridades, que gracias al trabajo conjunto entre la Fiscalía, el Gaula del Ejército y la Policía Nacional lograron desmantelar el plan, permitió evitar mayores consecuencias en el caso. Actualmente, la mujer permanece en un centro carcelario a espera de que avance el proceso judicial, durante el cual se determinará si es culpable o no de los delitos que se le imputan. Este caso pone en evidencia el creciente uso de la tecnología y el engaño para llevar a cabo actos de extorsión, un delito que sigue afectando a las familias de muchas víctimas, quienes se ven sometidas a amenazas y chantajes por parte de delincuentes sin escrúpulos. La Fiscalía reafirma su compromiso de seguir trabajando para llevar ante la justicia a los responsables de este tipo de actos y garantizar la seguridad de la comunidad.
