Un contundente golpe contra las redes locales de distribución de alucinógenos en el departamento de Bolívar asestó la Fiscalía General de la Nación. Tras la presentación de material probatorio ante jueces de control de garantías, el ente investigador logró la judicialización y cobijo con medida de aseguramiento en centro carcelario para dos hombres y dos mujeres señalados de comercializar sustancias ilícitas en Cartagena y el corregimiento de Malagana, jurisdicción de Mahates.
Los operativos que permitieron desarticular estos puntos de expendio fueron ejecutados por la Policía Nacional en diligencias de registro y allanamiento independientes, desarrolladas en sectores residenciales estratégicos.
Las investigaciones adelantadas por la Seccional Bolívar permitieron ubicar dos inmuebles que servían como centros de almacenamiento y dosificación de sustancias psicoactivas:
- Incursión en Malagana (Mahates): El pasado 11 de septiembre, uniformados de la Policía irrumpieron en una vivienda ubicada en el barrio Rincón Guapo. En el lugar fueron capturados Félix Enrique Valdez Martínez y Yesenia Vallejo Prens, a quienes se les halló en su poder una cantidad significativa de clorhidrato de cocaína lista para su empaque y distribución al pormenor.
- Operativo en Cartagena: Posteriormente, el 13 de septiembre, las autoridades desplegaron una segunda diligencia en un predio del barrio Zapateiro, en la capital bolivarense. Durante la inspección cayeron Tony Andrés Sánchez Lozada y Marinella Hernández Álvarez, a quienes se les decomisó marihuana y cocaína debidamente dosificada en dosis individuales preparadas para la venta ilegal.
Durante el desarrollo de las audiencias concentradas, los fiscales adscritos a la Seccional Bolívar imputaron formalmente a los cuatro detenidos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Pese a la contundencia de las pruebas recolectadas por los investigadores, ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
Atendiendo la solicitud del ente acusador y considerando la gravedad de la conducta delictiva y el riesgo para la seguridad pública, los jueces de control de garantías ordenaron la medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario mientras avanza el juicio en su contra.
