Ayer 15 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer un comunicado relacionado al entramado de corrupción de Odebrecht en Colombia. Una de las novedades más relevantes es relacionada a la situación del fiscal delegado Daniel Ricardo Hernández Martínez, a quien se le imputarán los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo.
De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía el 20 de julio de 2017, el funcionario obtuvo de un juez de control de garantías siete órdenes de captura contra presuntos implicados en el entramado de corrupción de Odebrecht, tres de estas contra los ciudadanos brasileños Mauricio Marangoni Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai.
Solicitud defectuosa
Fue entonces cuando el fiscal Hernández Martínez, al parecer, hizo una solicitud defectuosa de las citadas órdenes de captura contra los tres extranjeros, directivos de la multinacional brasileña, y omitió darles trámite legal, es decir, no las registró en el Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones (Sian) para que se hicieran efectivas.
Adicionalmente, se conoció que tampoco pidió inmediatamente la expedición de notificación azul de Interpol para ubicar en otros países a los señores Marangoni, Ferracuti e Hideaki Sendai, en el entendido de que, para la fecha de los hechos, podrían haber salido de Colombia.
De otra parte, el pasado 22 de junio, el fiscal adscrito al CTI, habría intimidado en las instalaciones del Búnker de la Fiscalía en Bogotá a Otto Nicolás Bula y le reprochó por su intención de querer servir como testigo contra otras personas que estarían vinculadas a las irregularidades desplegadas por Odebrecht. Todo esto según comunicado de la Fiscalía General de la Nación.
Otras nueve imputaciones
El Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, en desarrollo de las funciones a su cargo y con el apoyo del FBI, puso en marcha un frente de trabajo que permitió estructurar nuevas líneas investigativas por el entramado de corrupción de la multinacional brasileña en Colombia.
En algo más de 11 meses de verificaciones y análisis, el equipo de fiscales e investigadores revisó con detalle varias de las actuaciones judiciales hechas y los elementos obtenidos, y encontraron mérito suficiente para vincular formalmente a otros presuntos involucrados en las distintas maniobras usadas para intentar ocultar y darle apariencia de legalidad a los dineros que la constructora habría destinado para pagar dádivas.
En ese sentido, la Fiscalía radicará solicitudes de imputación contra 10 personas, tres de ellas ciudadanos brasileños, dos españoles y un uruguayo, en cinco líneas distintas de investigación. Entre ellos, el mencionado caso del fiscal Hernández, el cual causa en estos momentos conmoción en el país.