Víctor Alfonso Gamboa Chaparro Alcalde de Villa de Leyva/ Foto: archivo particular.
La captura del alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, en plena plaza principal del municipio y a plena luz del día, volvió a poner sobre la mesa las dudas que desde hace meses rondaban sobre la administración local y varios procesos de contratación que venían siendo observados por las autoridades.
El operativo fue realizado en la mañana de este jueves por agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación, justo cuando el mandatario llegaba a las instalaciones de la Alcaldía. Testigos aseguraron que Gamboa descendía de la camioneta oficial cuando fue interceptado por funcionarios vestidos con prendas identificadas con logos de la Fiscalía.
Minutos después fue subido a una camioneta tipo van y trasladado, presuntamente, hacia Bogotá. La escena generó sorpresa entre habitantes, comerciantes y turistas que a esa hora transitaban por el centro histórico del municipio. La captura ocurrió frente al edificio administrativo y cerca del Museo Acuña, uno de los sectores más concurridos de Villa de Leyva.
Aunque hasta el momento la Fiscalía no ha entregado un pronunciamiento oficial detallando los delitos por los cuales se produjo la captura, fuentes cercanas al proceso confirmaron que se trataría de una investigación relacionada con presuntos hechos de corrupción administrativa. En los últimos meses, el nombre del alcalde ya había sido mencionado en investigaciones preliminares relacionadas con posibles irregularidades en contratación pública y presuntos procedimientos sin cumplimiento de requisitos legales. Incluso, algunos sectores hablaban de cuestionamientos alrededor de licencias urbanísticas y decisiones administrativas que habrían despertado alertas entre organismos de control.
La captura representa un duro golpe político para la administración municipal y abre un nuevo capítulo de incertidumbre institucional en uno de los municipios turísticos más importantes de Boyacá. Mientras avanza el proceso judicial, crecen las exigencias ciudadanas para que las autoridades esclarezcan rápidamente los hechos y determinen si existieron actos que comprometen recursos públicos o favorecimientos indebidos.
Más allá del impacto mediático, el caso vuelve a evidenciar la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre la contratación estatal y las decisiones administrativas en municipios donde el crecimiento urbanístico y turístico ha aumentado significativamente el movimiento económico y el interés de distintos sectores privados. Ahora será la Fiscalía la encargada de presentar ante un juez las pruebas y explicar oficialmente los alcances de una investigación que hoy tiene en el centro de la polémica al alcalde de Villa de Leyva.
