Nos asustó el señor Defensor del Pueblo Carlos Camargo Asis con su declaración en la que señaló que de acuerdo con las cifras que se presentaron en el 2022, los gestores de la violencia, asesinaron cada dos días, a un líder y lideresa social o a un defensor de los Derechos Humanos en Colombia.
Más nos alarmó cuando informó que el primer lugar en ese número de muertes fue para nuestro Departamento de Nariño, donde el año que pasó se registraron un total de 33 episodios que le costaron la vida a estas personas en casos que tuvieron una prevalencia en la costa Pacífica de Nariño.
Con ese número de 33 asesinatos, con lo que se superó al vecino Departamento del Cauca que contabilizó 25 de esos trágicos crímenes, nuestra región aparece como la más letal para esos hombres y mujeres que se echaron sobre sus hombros esa peligrosa carga, además de que Colombia se cataloga como uno de los países de mayor riesgo para líderes y lideresas sociales y defensores de los derechos humanos, a nivel mundial.
Se trata sin ninguna duda de un karma que nos ha perseguido durante mucho tiempo, el cual da lugar a la triste estadística que en las últimas horas dio a conocer el Defensor del Pueblo, la cual nos afecta de manera tan directa.
Por los antecedentes que tenemos en nuestro Departamento de Nariño, debemos reconocer que no nos sorprenden mucho esas cifras. En efecto, para nadie es un secreto que vastos sectores de la costa Pacífica nariñense, se encuentran en manos de toda clase de organizaciones al margen de la Ley. Es así como, allí tenemos a disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional Eln, grupos de autodefensas y organizaciones criminales que tienen como bandera sangrienta, las actividades del narcotráfico. En ese sentido, debemos decir que el ministerio de Defensa ha reconocido que en territorio de Nariño, con énfasis en el sector costero, operan por lo menos 11 grupos delincuenciales.
«Por lo pronto nos parece que el camino a seguir no solo es, una mayor presencia de la Fuerza Pública, sino que el Estado llegue a la región con programas sociales. De lo contrario, la costa Pacífica de Nariño seguirá siendo tierra de nadie en detrimento de nuestros líderes sociales».
Nos estamos refiriendo a organizaciones fuertemente armadas, las cuales de manera frecuente son protagonistas de enfrentamientos en desarrollo de los cuales la población civil se ve en medio del fuego cruzado, lo que igualmente ha dado lugar a otro gran flagelo para Nariño, como lo es el desplazamiento de miles de personas, terrible situación que tuvo sus peores episodios en el 2021 y el año pasado, cuando en Nariño, se presentaron los más grandes desplazamientos a nivel nacional.
Naturalmente, las acciones de esos líderes, lideresas y defensores de los Derechos Humanos se constituyen en una piedra en el zapato, para los grupos delincuenciales y de allí, el alto número de víctimas de este sector poblacional que se registran en Nariño.
Se hace necesario despojarnos de ese espantoso karma, pero sabemos que la solución no será nada fácil, en una región en la que los grupos al margen de la ley, hacen de las suyas en detrimento de la población civil. Sabemos que, en zonas como Tumaco, se presentan los mayores cultivos de hoja de coca en Colombia, situación que es la madre de todos los males que hoy se viven en la región y en ese sentido, no nos hacemos muchas ilusiones en una rápida solución, puesto que primero que todo habría que destruir los gigantescos cultivos ilegales, lo que por el momento parece una utopía más grande que una catedral.
Por lo pronto nos parece que el camino a seguir no solo es, una mayor presencia de la Fuerza Pública, sino que el Estado llegue a la región con programas sociales. De lo contrario, la costa Pacífica de Nariño seguirá siendo tierra de nadie en detrimento de nuestros líderes sociales.