Por Ricaurte Losada Valderrama
Continuando con el balance del año que acaba de expirar, tratándose del campo ambiental, primordial para Colombia y para la humanidad, era prioritario para el país ratificar el Acuerdo Escazú, como se hizo, el cual busca mejorar el acceso a la información sobre medio ambiente, promover la participación en la toma de decisiones ambientales y facilitar el acceso a la justicia ambiental por la paz y el medio ambiente de veinticuatro Estados de América Latina y del Caribe, adoptado desde el año 2018.
Escazú busca garantizar la mejor aplicación de políticas ecológicas, los derechos ambientales y salvaguardar la biodiversidad, vital en estos tiempos de emergencia climática, fuera de ser el primer tratado en el planeta que genera fusión entre los derechos ambientales y los derechos humanos.
El anterior hecho es en nuestro criterio altamente positivo, pues redundando, y debe hacerse para generar en este campo una mayor e indispensable pedagogía, todos son derechos que se deben proteger y ampliar cada día más en su aplicación, para conseguir muchos necesarios efectos, como el de la obligación de hacerlos verdaderamente universales.
En consecuencia, no compartimos los argumentos de quienes afirman que el tratado pone en riesgo la soberanía del país, al considerar que abrir la puerta a jurisdicciones internacionales cuando en Colombia tenemos instituciones que deberían cumplir de manera efectiva los postulados y planteamientos que el Acuerdo de Escazú quiere traer, cuando el planeta requiere y, en particular América Latina, mayor globalización política que acorte la distancia y las asimetrías generadas por la amplia globalización económica frente a la globalización política.
«Escazú busca garantizar la aplicación de políticas ecológicas, los derechos ambientales y salvaguardar la biodiversidad, vital en estos tiempos de emergencia climática».
Uno de los representantes a la Cámara que fue airado defensor de la ratificación del acuerdo, Juan Carlos Losada, recordó que habían engavetado el proyecto, pero que con el nuevo Congreso y el nuevo Gobierno pudieron sacarlo adelante.
Losada afirmó: “Tuvo que llegar el presidente Petro para que esto se hiciera realidad. Quienes tenemos valentía en la política nos quedamos en los debates sin importar que nos violaran los derechos”.
De otra parte, este acuerdo es clave para garantizar de manera más efectiva la protección de los líderes ambientales, pues entre tantas necesidades humanas, de manera particular para Colombia hay una por la cual se debe trabajar sin una pizca de descanso: por la vida y, sobre todo, por la de quienes están más desprotegidos.
En conclusión, la aprobación del Acuerdo de Escazú sobre acceso a justicia, información y participación ciudadana, es un hito en materia de ambiente.
Este año se reanudaron los diálogos con el ELN, suspendidos en el Gobierno Duque, teniendo como base el desarrollo de los seis puntos pactados durante el Gobierno Santos, similares a los también seis temas negociados con la ex guerrilla de las FARC, lo cual hace suponer que si hay voluntad política, esta negociación sería mucho más rápida.
La paz total debe facilitar la puesta en marcha de acuerdos parciales para lograr la mal llamada, pero urgente, “humanización de la guerra”.
Con la participación de Cuba, Chile, España y Venezuela, las conversaciones con el ELN tendrán apoyo internacional, clave para su viabilidad.
Y habrá que transitar de una doctrina de guerra hacia una de paz, en la que derechos humanos y seguridad no sean mutuamente excluyentes.