Por. Alejandro Reyes
El presidente Petro planteó en la COP 27 realizada en Egipto un decálogo con una serie de condiciones necesarias para que podamos mitigar el impacto de los cambios climáticos. En uno de los diez puntos el mandatario de los colombianos le plantea al Fondo Mundial Internacional condonar parte de la deuda Colombiana para que se invierta en estrategias de adaptabilidad climática y de mitigación de GEI con la selva amazónica como foco especial. Cardenas et.al. (2021)[1] comprueban la viabilidad de esta estrategia a la luz de un prerrequisito que seria valioso para su optimo desarrollo, una coalición de países deudores y con posibilidades de avanzar rápidamente en la adaptabilidad y mitigación gracias a su patrimonio natural.
Colombia tiene una deuda que actualmente se considera de las más altas del mundo, de acuerdo con el Banco de la República[2] la deuda externa es de US $ 177.105 millones, que representa el 51,4% del Producto Interno Bruto, en este sentido, la importancia de la propuesta del presidente y de los autores para la gestión del cambio climático en Nariño es de una importancia determinante a la hora de impulsar las estrategias previstas en el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático territorial de Nariño, y en general de todo el pacífico y suroccidente Colombiano.
Una inversión anual de 26 billones de pesos, que es lo que se paga anualmente en deuda, auparían un fondo sin precedentes en la historia de la gestión del cambio climático – claro, hablaremos de corrupción en otra columna-, el país puede pagar su deuda externa y reinvertir en adaptabilidad climática y en la industrialización con baja emisión en Gases Efecto Invernadero prometida en las NDC.
Los investigadores plantean en un análisis basado en la Teoría de Juego, un marco de negociación de deuda soberana en el que las condiciones de la deuda dependan de las políticas climáticas emprendidas por los países deudores. La viabilidad de que se produzcan beneficios para deudores y la implementación de políticas climáticas apropiadas dependerá del tamaño de la deuda y del potencial de cada país para afectar la tendencia actual del cambio climático en sus casos particulares. La propuesta entonces incluye la creación de coaliciones de países deudores que busquen el alivio de la deuda y la implementación de políticas climáticas simultáneamente, con beneficios globales por las reducciones de emisiones de los que se beneficiarían tanto acreedores como deudores.
Es interesante e ineludible comprender que la crisis que desató el COVID-19 creó una nueva encrucijada en que el espacio limitado de maniobra fiscal de los países puede posponer la acción climática y exacerbar los costos crecientes a futuro en términos de adaptación y mitigación ambiental, acrecentando aún más el déficit y reducir aun mas las posibilidades fiscales de acción. Además, el efecto rebote en la recuperación económica está llevando a una tasa más grande de emisiones de CO2. Estamos en un momento en que con la ayuda entre países amigos como Brasil, Venezuela y Peru se construyan estas coaliciones para negociar en bloque con acreedores que probablemente estarían interesados en acciones climáticas que no dan espera, así como no da espera la retoma del proyecto de unidad de America Látina, la gestión del cambio climático y el pago de deuda puede ser un buen primer paso.
[1] Disponible en: https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/33021?show=full
[2] Disponible en: https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/bdeudax_t.pdf