Hoy continua juicio contrael exgobernador de Nariño

En la tarde de hoy martes continúa la audiencia de juicio oral en contra del exgobernador de Nariño, Camilo Romero, quien en estos momentos se desempeña como Embajador de Colombia en Argentina.
Se trata de un proceso que está a cargo de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el cual iniciará a partir de las 4:30 de la tarde y también involucra, al actual asesor de la Gobernación, Mario Benavides, en un caso en el que se investigan presuntos vicios en un contrato para la compraventa de aguardiente.
Es de anotar que el proceso data de 2019, fecha en la que la Fiscalía inició las respectivas investigaciones.
Sobre el particular se indicó que la entrega de las 80 mil cajas de aguardiente a los empresarios Richard Portilla y Pedro Miguel Bastidas, representantes de la Organización de Licores de Nariño SAS (OLN); era un compromiso que se tenía con anterioridad y del cual tenía conocimiento pleno y directo el primo del hoy embajador, Andrés Felipe Arango Romero.
En audiencia se conoció que para oficializar la oferta antes que se publicara el decreto, la OLN realizó dos consignaciones en Bancolombia. Una de ellas por fuera del horario de atención de la sucursal de Sebastián de Belalcazar, donde se depositó la suma de 1.087 millones de pesos en la cuenta 0742596913, cuyo titular era la Gobernación de Nariño.
La segunda, fue efectuada en la sucursal del centro de pagos de Bancolombia donde se consignó la suma de 1.000.097.800 pesos. Ese mismo día en la tarde, la OLN presentó la solicitud de compra del licor conforme al decreto 364 del 24 de agosto de 2016, adjuntó las dos consignaciones y un cheque número 918409 por valor de 11 mil millones de pesos. Para ese momento, la cuenta sólo tenía el valor de 7.200 pesos, es decir que el cheque fue girado sin tener fondos para cubrirlo.
La Fiscalía conoció que el 23 de agosto de 2016 el gobernador Camilo Romero firmó el decreto 0363 por medio del cual designó como gobernador encargado del 24 al 26 de agosto de ese mismo periodo, al secretario de Hacienda de la época, Mario Fernando Benavides, argumentando que debía desplazarse a Bogotá y Bucaramanga para cumplir con su agenda de trabajo.
Para la Fiscalía, el mandatario utilizó ese argumento para dejar encargado al funcionario con el fin de que su nombre no apareciera en la suscripción del contrato de licitación de la venta del aguardiente.