La reforma a la Ley de Orden Público que presentó el Gobierno Nacional y que ya está siendo debatida en el Congreso incluiría permisos especiales para que entidades territoriales impongan dos impuestos encaminados a financiar la paz.
Los nuevos cobros vendrían a nivel departamental y municipal. Uno de ellos se llamaría el “impuesto departamental de seguridad y convivencia ciudadana”, que llegaría a través de las facturas de servicios públicos, y el otro sería una especie de impuesto municipal que se sumaría al impuesto predial.
Así lo explicó el exrepresentante a la Cámara por el partido Dignidad, Jorge Gómez Gallego. “Servicios impagables, predial impagable y van a llegar dos cargas adicionales a nombre de la paz, porque no hay cosa perversa que no se impongan a través de causas aparentemente muy nobles”, dijo.
Normas inquietantes
Según se lee en el documento que fue radicado ante la Cámara de Representantes, “los departamentos y municipios podrán aportar recursos propios, imponer contribuciones fiscales o recibir donaciones de particulares, destinadas a propiciar y garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana, cuando así se haya previsto en el presupuesto del departamento o municipio”.
Ahí es clave la expresión “contribuciones fiscales”, pues esa es la manera técnica y legal como se nombran los conocidos “impuestos”.
De igual modo, el proyecto de Ley plantea que los departamentos puedan, a través de las Asambleas Departamentales, adoptar un nuevo impuesto que buscaría mejorar “las condiciones de seguridad y convivencia del territorio” y se cobraría, según defina cada Asamblea Departamental, a través de la factura de servicios públicos.