Con motivo de haberse llegado en las últimas horas a los 100 días de Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Fundación Paz y Reconciliación presentó un informe en el que señala que ese tiempo, se ha recrudecido la situación de violencia en el país e igualmente se refiere a las amenazas que vienen sufriendo varias comunidades en el país.
En el informe se consigna que el número de casos y de víctimas de confinamiento forzado ha disminuido a nivel nacional, pero se sigue concentrando en 3 departamentos en los que se vive con intensidad. Se trata de Nariño, Chocó y el Cauca y en ese sentido, en lo que corresponde a la región nariñense se indicó que el alto número de personas confinadas, se debe a los constantes enfrentamientos que se registran entre grupos armados ilegales que, en el sector de la costa Pacífica de Nariño, se disputan territorio para actividades del narcotráfico.
Pocas variaciones
Paz y Reconciliación manifestó en su informe que luego de monitorear los episodios de las diferentes violencias contra la sociedad civil, las personas líderes, lideresas y defensores de Derechos Humanos y en líneas generales contra la población colombiana, se puede asegurar que la violencia letal poco ha variado a pesar del anuncio de la Paz Total por parte del Presidente de la República, Gustavo Petro.
Desde el punto de vista de la fundación, esto demuestra que los actores responsables de los asesinatos no han revaluado su conducta en el marco de los acercamientos de paz con el gobierno Petro, y en ningún momento ha sido una condición vinculante el hecho de frenar la violencia contra la sociedad civil.
Al respecto, Laura Bonilla, gerente de proyección para América Latina e incidencia pública de Pares, se refirió a los principales puntos de este informe y la necesidad de que el gobierno se fije en agendas y en temas con relación a la Paz Total, ya que son fundamentales para la ciudadanía.
Pico de masacres
En su informe la Fundación Paz y Reconciliación asegura que durante los primeros 100 días del actual gobierno se presentó el pico de masacres más alto del año; también aumentó la cantidad de víctimas por hechos de masacre y de desplazamiento forzado en el país.
Mientras tanto, en lo referente al confinamiento forzado, los casos y víctimas, presentaron un ligero descenso y se siguen concentrando en los departamentos de Nariño, Chocó y Cauca.
Sobre esta situación Laura Bonilla explicó que en Colombia ya se venía evidenciando una tendencia al alta: “desafortunadamente en los últimos cuatro años se ha visto un registro muy preocupante concentrado en 14 de los 32 departamentos del país” sin embargo dijo que el gobierno debe centrar su atención en desescalar la violencia armada.
Matanzas en 14 departamentos
“Desde la posesión del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, han ocurrido masacres en 14 de los 32 departamentos del país. Siendo este el hecho de violencia que se presenta en más regiones del territorio nacional. Las zonas de frontera son las áreas más impactadas, por la relevancia del control de población en la frontera y por la facilidad para la instalación de la violencia organizada”, explica el documento.
Asesinatos de líderes sociales
Según el informe de Pares en el periodo entre el primero de mayo y el 31 de octubre se cometieron 89 asesinatos contra líderes y lideresas sociales. El mes con mayor cantidad de casos hasta ahora es mayo, con 18, seguido de febrero y octubre, con 17.
“Urge que la forma en la que se está construyendo la política de Paz Total condicione su implementación al cese de hostilidades contra la población civil y permita un alivio humanitario en las zonas más afectadas por la violencia. El no insistir en ello puede aumentar los riesgos contra las organizaciones sociales, con un gobierno que negocia ceses bilaterales al tiempo que el grupo armado, por un lado, se acoge a la Paz Total y por el otro sigue asesinando personas defensoras de DDHH” explica el documento.
Patrones altísimos
Sobre esto Bonilla aseguró: “son 39 municipios los que tienen patrones altísimos de violencia, hay zonas dónde un solo grupo armado está presionando la comunidad para que sean afines a sus agendas, cualquier situación se convierte en un escenario para la violencia armada”.
La fundación asegura que Cauca es el departamento más afectado por asesinatos contra personas defensoras de DDHH con 13 asesinatos, el segundo es Antioquia, con 11 asesinatos y el tercero es el Valle del Cauca con nueve casos.
Los testimonios recogidos por PARES señalan que no se está reconociendo suficientemente la violencia en sus territorios, organizaciones sociales piden ser incluidos en los diálogos de Paz Total y de forma urgente que el gobierno ejerza presión para detener la violencia contra organizaciones sociales en Arauca, Putumayo, Cauca, Caquetá, entre otras.
Sin embargo, entidades como la Defensoría del Pueblo, señalan que desde el momento en que se posesionó el presidente Gustavo Petro, hasta el 30 de octubre, el departamento de Nariño, presenta el mayor número de asesinatos de líderes sociales en el país con un total de 14, mientras que el consolidado nacional de muertes violentas de esas personas es de 37 durante el mismo periodo.