Durante los tres meses de Gobierno del presidente Gustavo Petro, un total de 35 líderes sociales han sido asesinados en Colombia, de los cuales, hasta el momento, el departamento de Nariño, aparece como el afectado con 9 de estos mortales episodios de sangre.
Estos hechos se presentaron desde el 18 de agosto del presente año, hasta el 30 de octubre, en varias zonas del país, lo que indica que esta inquietante problemática no está concentrada en una sola región, sino que se reparte por todo el país.
Los departamentos con más casos son Nariño, con 8 homicidios; Putumayo con 4, Cauca y Arauca con 3 y Antioquia, Magdalena y Santander con 2 cada uno.
En el caso de Nariño, varios de los homicidios que se han perpetrado, han tenido como escenario la costa pacífica, de acuerdo con la información suministrada por Human Rigth Watch (HRW).
De acuerdo con esta entidad, Mariton Jusayu Ipuana, fue el primer líder social, asesinado durante el Gobierno de Petro, hecho que se presentó el pasado 18 de agosto en el municipio de Uribia, departamento de La Guajira, con lo que se inició la serie de 35 asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos y causas sociales en el país, justamente el sector poblacional a quien el Jefe de Estado, prometió que iba a proteger.
Cifras inquietantes
El dato lo reveló Juan Pappier, director asociado de HRW, quien presentó un listado con los nombres y lugares en donde han matado a los líderes.
Según el reporte, los crímenes fueron perpetrados entre el 18 de agosto y el 30 de octubre en 19 departamentos, lo cual refleja que el problema no está concentrado en un solo punto, sino que afecta a múltiples regiones del país.
Al respecto el funcionario hizo énfasis en que en los departamentos más azotados por esta clase de violencia, Nariño, Putumayo, Cauca, Arauca, Antioquia, Magdalena y Santander, hay una elevada presencia de grupos armados ilegales y problemáticas ligadas a los cultivos de uso ilícito, la extorsión y las disputas de corredores de movilidad entre estructuras criminales.
Precisamente, esa es la radiografía de Nariño, el departamento que durante el nuevo Gobierno presenta el mayor número de estos asesinatos, por lo que en especial en la costa pacífica, los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, corren un gran riesgo.
Panorama complejo
Pero el panorama podría ser más complejo. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en el mismo periodo de tiempo se han reportado 42 asesinatos, incluso dos ocurrieron el mismo 7 de agosto (día de la posesión del hoy mandatario).
Si bien la cifra es alarmante, cabe anotar que este es un problema que viene afectando al país desde 2016, según los reportes de la Fiscalía y la Policía, durante los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y ahora Gustavo Petro.
Durante los primeros meses de gobierno del expresidente Duque, Indepaz reportó 78 asesinatos de líderes sociales, mientras que para los primeros meses de mandato de Petro, se reportaron 42 muertes violentas, lo cual muestra una diferencia estadística de 7 casos con HRW.
Se mantiene la tendencia
Sin embargo, con respecto al panorama de este año, la tendencia se mantiene. En los 220 días de Duque del 2022 cada, cada 1,91 días asesinaron un líder y –en los 94 días de Petro– cada 2,1 días han matado a un líder social.
Así las cosas, para muchos es sorpresivo que la dinámica no se detenga en el actual Gobierno, pues los delegados de Petro han sostenido múltiples reuniones con grupos criminales, prometiéndoles llegar a acuerdos de paz y beneficios judiciales a cambio de que detengan sus acciones violentas.
A todo esto, se une la promesa de campaña, pues una de las banderas del discurso Petro siempre ha sido la defensa de los líderes y la protección contra este tipo de crímenes.
Incluso, una semana después de su posesión, a través de su cuenta de Twitter, el Presidente volvió a insistir sobre la necesidad de velar por los líderes sociales: “La comisión de masacres y su impunidad en jurisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vida de los mandos. Desde ahora todo mando militar o policial en su jurisdicción debe velar por neutralizar al máximo la comisión de masacre y muerte de líderes sociales”.
A eso suma que, de acuerdo con los reportes de la Defensoría del Pueblo –con corte a septiembre de este año–, se han reportado 157 homicidios, superando los 109 casos en el mismo periodo en 2021.