El Congreso aprobó en segundo debate un proyecto de ley para regular el consumo del cannabis en Colombia, pero –al ser una reforma constitucional– la iniciativa requiere de otros 6 debates más para ser realidad.
Pero, más allá de lo jurídico, aunque sumado a que por primera vez en décadas el Congreso decidiera avanzar, lo que se busca es liberar aún más el uso del cannabis en Colombia, pues desde 1994 la Corte Constitucional estableció –con la sentencia C-221– que el porte y el consumo de drogas son acciones que se dan en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad y de la autonomía de la persona, y que no deben ser penalizadas.
Y es por eso que en el país no es delito que una persona lleve consigo la dosis personal de marihuana (20 gramos). Además, una persona podría portar más de la dosis mínima si es para su uso personal, ya que, en concepto de la Corte, el delito es si estas sustancias van a ser comercializadas.
Ahora, la nueva iniciativa aprobada en segundo debate en la Cámara –con 105 votos a favor y 33 en contra– permitiría adquirir la sustancia de manera legal en un mercado regulado. Es decir, los usuarios de cannabis no tendrían que acudir al microtráfico.
Puntos de vista
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró en el Capitolio que detrás del licor no hay mafias “sangrientas” como sí las hay respecto a la marihuana y otras sustancias que hoy legalmente están prohibidas y que, precisamente, al despenalizar del todo su consumo recreativo para mayores de edad se daría vía libre a que le dé un abordaje desde una óptica de salud pública.
Y el representante liberal Juan Carlos Losada, promotor del proyecto que por fin avanzó, complementó la tesis del ministro: “Si el consumo está permitido, toca regular el mercado como un paso necesario para reducir los riesgos asociados con el consumo. Venta y consumo son actividades inescindibles, pues no puede existir la segunda sin la primera”.
De acuerdo con Losada, el mercado controlado permite determinar cómo, quién, dónde y qué se consume, lo que aleja a los menores de edad y a la población en riesgo de cualquier tipo de consumo y facilita la implementación de políticas de reducción de riesgos y control de daños.