El número de 140 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va corrido del presente año en Colombia, nos muestra una descarnada realidad de muerte y violencia en detrimento de estos hombres y mujeres que han escogido como profesión luchar contra las injusticias que se perpetran en contra de sus comunidades, un flagelo que lamentablemente se vive en la mayoría de las regiones de nuestro país.
Por ello, ser líder o lideresa social en Colombia es sinónimo de muerte, como lo indican esas cifras parciales de homicidios la mayoría de los cuales permanecen en la impunidad, puesto que son contados los casos en los que las investigaciones han avanzado hasta el grado de identificar y privar de la libertad a los responsables.
En ese sentido, pensábamos que, con el cambio de Gobierno, íbamos a tener un descenso en esos números escalofriantes de muertos, pero no ha sido así y, al contrario, en los últimos días se han intensificado los atentados contra este sector de la población.
Lo que nos preocupa es que no nos estamos refiriendo a una situación nueva, sino que viene de mucho tiempo atrás, en unos homicidios sistemáticos que hacen del trabajo de los líderes sociales en Colombia, una verdadera profesión peligro. En ese sentido, nos causa también mucha inquietud, saber por la experiencia de años, que los diversos gobiernos siempre han prometido brindarles a estas personas la máxima protección, pero de acuerdo con las cifras que estamos viendo en estos momentos, la efectividad de esos esquemas de seguridad, sí es que, en realidad, los ha habido, dejan mucho que desear.
El número de 140 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va corrido del presente año en Colombia, nos muestra una descarnada realidad de muerte y violencia en detrimento de estos hombres y mujeres que han escogido como profesión luchar contra las injusticias que se perpetran en contra de sus comunidades».
Nosotros entendemos muy bien que, en el desarrollo de sus funciones, los líderes y lideresas sociales, pisan muchos callos y su trabajo y gestiones que realizan no les convienen a muchos, en especial a las numerosas organizaciones fuera de la ley que operan en el territorio nariñense y en general en todo el país.
En efecto, ellos y ellas luchan contra la deforestación, combaten la minería ilegal, ayudan a las comunidades para que les sean devueltas sus tierras, de las que han apoderado en diferentes épocas, las organizaciones ilegales como la guerrilla y las autodefensas, defienden a las poblaciones indígenas, por lo que se convierten en una piedra en el zapato, para quienes enarbolan la bandera negra de la violencia y los abusos.
Por lo tanto, nosotros reiteramos una vez más, nuestro llamado para que tanto los gobiernos nacionales, departamental y municipales, tomen las medidas que sean del caso para proteger a nuestros líderes y lideresas sociales.
Es una obligación, el proteger las vidas de esos hombres y mujeres que se sacrifican por los demás, eternos defensores de los derechos, quienes se han convertido en carne de cañón de los gestores de la violencia, en un repugnante proceso de aniquilación, el cual tiene que detenerse cuanto antes.
E s un llamado general, puesto que los números indican que de la cifra que se maneja en estos instantes en torno a esto sector de la población que está siendo asesinado, un significativo porcentaje corresponde a nuestro departamento de Nariño, con 20 líderes y lideresas sociales, que han perdido la vida a manos de los violentos, en una matanza que tiene como epicentro la costa pacífica.
Al principio de su Gobierno, hace escasos dos meses, el presidente de la República, Gustavo Petro, al repudiar estas muertes, les prometió total protección a sus vidas y las de sus familias y, por lo tanto, como están las cosas esas la hora de que ese compromiso se haga realidad.