La posibilidad de crear una «comisión de apoyo judicial» para temas de narcotráfico en Colombia tuvo un segundo aire, luego que Marta Ruiz, exintegrante de la Comisión de la Verdad, retomara el tema y pidiera acompañamiento internacional para esa eventual iniciativa.
La propuesta, que no es nueva, sugiere que bajo la lógica y principios similares a los de la Comisión de la Verdad se encargue de recopilar la mayor cantidad de información sobre el papel de los narcotraficantes en la realidad del país y el entramado de sus conexiones políticas, sociales y económicas.
Antecedentes
La ya desaparecida Comisión de la Verdad se encargó de rescatar información, así como las voces de miles de víctimas del conflicto armado interno para con esos relatos y averiguaciones elaborar un documento público que explicó qué fue lo que ocurrió en el país en 50 años de guerra.
A diferencia de la Comisión de la Verdad, creada en el acuerdo de paz con las Farc, la comisión de apoyo judicial destinaría la recopilación de su información para fines más allá de la simple información pública, incluso para que el Estado sepa cuántas tierras y bienes poseen los narcotraficantes, de manera directa o a través de testaferros.
«Es una comisión de apoyo judicial», reiteró Ruiz tras subrayar que se requeriría de «cooperación internacional», dado que «muchos de los crímenes» cometidos o que realiza la mafia son de «carácter transnacional».
Ruiz explicó que la justicia colombiana ha sido doblegada en varias ocasiones por el poder corruptor de la mafia o su sistema de violencia, por lo que no solo se requiere información, sino apoyo desde fuera del país.
Respaldo a propuesta
El sacerdote jesuita Francisco de Roux, quien ejerció como presidente de la ya desaparecida Comisión de la Verdad, respaldó la propuesta de Ruiz en declaraciones recientes a la Agencia de Noticias de la Conferencia Episcopal Italiana Sir.
Sin embargo, la propuesta de la excomisionado se estrellaría con la realidad política internacional actual que implica el modelo de extradición de narcos a Estados Unidos, puesto que los que se marchan se llevan consigo sus confesiones en temas más allá del tráfico de drogas.
Ejemplo palpable
El ejemplo más palpable fue el envío este año a una corte estadounidense de Dairo Antonio Usuga «Otoniel», máximo jefe del llamado Clan del Golfo, que se marchó a esa nación por delitos de narcotráfico, sin revelar sus nexos con políticos, empresarios y autoridades locales, ni pagar en el país por las decenas de crímenes que se le atribuyen.
«El patrón que observamos es que los graves crímenes del narcotráfico quedan en la impunidad y a medio camino porque la justicia queda atrapada», ya sea por la corrupción o por la violencia, afirmó Martha Ruiz.