Por: Germán Caicedo Mora.
Expresar que Nariño es territorio de paz, parece una frase exagerada cuando no está afín con los hechos visibles de crueldad que ocurren en diferentes sectores de la geografía del departamento y, precisamente, cuando son contundentes las denuncias que siempre reflejan el vacío de la presencia del Estado como legítimo guardián de la vida.
Colombia, en 2022 incrementó las masacres y hasta finales de agosto se reportaron 71, 6 de ellas en Nariño; también, los asesinatos y el desplazamiento forzado que continuaron en ascenso reforzando las diversas violencias. Lo cual es reconocido por los ciudadanos y las autoridades, quienes exponen la cruda referencia ya sea en calidad de víctimas o como responsables de acciones de control del territorio.
En Nariño ha sido reiterada la situación de los pueblos indígenas, puntualmente de los Awá, quienes con mayor rudeza son afectados, sin desconocer que las comunidades afro y los campesinos también han sido violentadas; en ese contexto el departamento de Nariño es territorio flagelado, carga los estragos de las acciones que violan los derechos humanos a todos los habitantes y padece limitaciones para superar a corto plazo.
Nariño no estará solo, sus habitantes son baluartes en su historia y cuenta con la apertura de esperanza del gobierno central que enfatiza los diálogos para estabilizar los territorios con la paz urgente y necesaria.
En escenarios similares se encuentran otras regiones del país como el Cauca, Valle, Putumayo, Antioquía, Norte de Santander, el Choco y en general la geografía nacional donde los derechos humanos son vulnerados sistemáticamente por grupos que actúan al margen de la ley; por lo tanto, el caso de Nariño es una expresión de esa particularidad nacional.
Entonces, ¿por qué denominar a Nariño territorio de paz? La respuesta parte de considerar el momento presente como oportuno; ello, a pesar que el tema de gran complejidad y vulneración de los derechos humanos sigue desconcertando con asesinatos y masacres; hecho que es trágico pero que obliga a insistir y resistir a través de políticas consistentes de paz, que se fortalecen desde la participación ciudadana y sin exclusiones para avanzar en compromisos de los actores vinculados y no al conflicto.
También, se reconoce que el gobierno nacional alcanzó el triunfo con la bandera de la paz; así lo resalto el presidente comprometiéndose desde las regiones en la construcción de los diálogos vinculantes; los cuales son las llaves para reformular las políticas públicas y reorientarlas a consolidar confianza, legitimidad y gobernabilidad para el tipo de desarrollo económico sostenible, sustentable y humano que Colombia debe promover con urgencia.
En ese ámbito el departamento de Nariño, tiene el desafío de trabajar una posición renovadora para constituirse en territorio de reconciliación y paz; como se dice desde el saber popular con los pies en la tierra entrar a los diálogos con una brújula de visión y metas claras, articulándose con los municipios que son determinadores y paralelamente, promover la cooperación con los departamentos fronterizos azotados por idénticas problemáticas sociales, ambientales y políticas.
Nariño no estará solo, sus habitantes son baluartes en su historia y cuenta con la apertura de esperanza del gobierno central que enfatiza los diálogos para estabilizar los territorios con la paz urgente y necesaria.