En el departamento de Nariño este mes de septiembre que apenas está comenzando, ya lleva un saldo trágico de 11 decesos en actos violentos, algo que prende las alarmas de las autoridades y de la comunidad que observa alarmada y con temor esta escalada de muerte.
El primer episodio se presentó al comenzar el mes, cuando después de enfrentamientos entre grupos armados organizados residuales – GAO’r en el municipio de Magüí, ocurridos el 28 de agosto, las balas impactaron a un líder social de la zona, las graves heridas hicieron que Juan Quiñones Angulo miembro del Consejo Comunitario La Voz de los Negros, falleciera iniciando septiembre.
En zona rural de Tumaco, en el Río Mira-Mataje fue neutralizado un hombre, quien al parecer hacía parte del grupo Urías Rondón; Jennys Rivera de aproximadamente 66 años de edad, de profesión mototaxista también fue ultimado en la carretera binacional Espriella-Mataje.
Luis Alberto Ramos, de aproximadamente 25 años de edad, fue sacado de su casa por hombres armados en el corregimiento de Candelillas, además en un hecho de intolerancia murió Luis Carlos Angulo, una persona vulnerable más conocida como el ‘Guapo’ en el casco urbano de Tumaco.
En los últimos días fue asesinado en la vereda Palo Seco del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera del municipio de Tumaco, el joven de 25 años de edad Bairon Angulo quien era el hijo de una reconocida líder del Pacífico nariñense.
Para terminar este triste balance de homicidios, fueron hallados en Ricaurte, Artemio Marín Guanga perteneciente a la comunidad Awá de esta población y Marlen Colombia oriunda de la vereda Vaquerío, en Tumaco.
Estas muertes se suman a las de las últimas semanas de agosto donde hubo casos en hechos violentos, incluyendo las masacres del resguardo indígena de Gran Cumbal y Jardines de Sucumbíos en el municipio de Ipiales.
El secretario de Gobierno departamental, Amílcar Pantoja, indicó que la situación más compleja se presentó en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Cumbal.
Las autoridades investigan si los hechos se relacionan con la presencia directa del conflicto armado. Los sectores sociales y defensores de Derechos Humanos proponen un plan desarme y acciones contundentes de la Fuerza Pública en los territorios con mayores afectaciones.
La Gobernación de Nariño insiste en adelantar un proceso de intervención inmediata y la implementación de los diálogos vinculantes de paz para recuperar la seguridad en los territorios con un componente especial que incluya un programa de sustitución integral de cultivos ilícitos.