Habla con mucha razón Ana Bejarano abogada, periodista y codirectora de la organización Veinte, cuando afirma que el acoso judicial a la prensa se ha convertido en una manera de limitar la libertad de expresión. Pues es pan de cada día el escuchar y leer desde amenazas de demandas hasta llamados de los jueces a periodistas a interrogatorios por haber tenido el valor de poner sobre la mesa de los ciudadanos comunes investigaciones detalladas y bien sustentadas sobre asuntos relacionados con la corrupción que carcome las instituciones oficiales y no oficiales. Tal es el abuso en el empleo de recursos propios del Derecho con el ánimo de acallar, desmentir y confundir lo demostrado en investigaciones minuciosas y responsables. No obstante, allí donde el perro y la perra bailan por el oro y por la plata lo normal es que el criminal acuda a las instancias judiciales a exigir que se le respete su buen nombre y tan bien lo hace que al final del día se termina dejando en el ambiente la imagen de un país sacado de lo más absurdo de la fantasía.
Si, así sucede, cada día son mas los que demuestran contar con un potente musculo económico que sumado al apalancamiento ofrecido al interior de los mismos órganos encargados de hacer que la justicia funcione, más que probar su inocencia logran revertir las acusaciones con tano éxito que de acusados de ser quienes levantaron al santo con todo y la limosna pasaron a acusadores porque el de la falta grave es el osado periodista que puso al descubierto la fechoría, atentando así en contra del buen nombre del pillo, situación solo posible en un país demente. Tan demente que si se amplía más el foco de la cámara para divisar mejor el panorama, también se alcanza a descubrir lo que, quizá por estar tan cerca de las salas de redacción periodistas como Ana Bejarano no lo han captado o se han percatado tan poco de ello que en su queja parece no tener cabida.
No obstante, lo inadvertido, es tan oprobioso y pone tanto y quizá más en peligro la libertad de expresión como el hecho de convertir a los jueces en censuradores de la palabra. De lo que no hay queja aun seria es sobre las consecuencias que afectan a la democracia cuando la sociedad es sometida a una prensa si no hipotecada, de propiedad de los grandes consorcios económicos cuya puerta giratoria está del lado de los entes gubernamentales. «Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala» dejó escrito el premio nobel Albert Camus. El lograr que el ejercicio del oficio de periodista no encuentre ninguna clase de cortapisas en su afán por informar, formar opinión y llamar al sano debate es y será además de un objetivo primordial, un imperativo ético. Pero su logro debe de comenzar a realizarse desde el interior mismo de los diferentes medios periodísticos, es más, desde la voluntad misma del que informa y opina.
Cosa que no sucede en aquellos sitios en donde el periodismo no es un más que un recurso para el alcance y salvaguarda de los solos propósitos de poderosos propietarios. Vana es la lucha porque la mordaza a la prensa no sea impuesta para acallar la verdad si, como se decía antes, a la pluma no la mueve una mano con espíritu propio. Mientras la prensa no sea libre y el periodismo no se ejerza con independencia, la libertad de expresión será solo el sofisma que conduce a creer en la real existencia de un periodismo al servicio del pueblo, como sucede con el trabajo que enriquece al abogado inescrupuloso que debe su desvelo a la justicia.
Por: Ricardo Sarasty.