Bajo las directrices del Gobierno Nacional, y en coordinación con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades policiales dispusieron las estrategias para evitar y combatir cualquier hecho contrario a la ley que pretendía afectar el certamen democrático.
Desde el PMU instalado en la base del comando de Policía Putumayo, se monitoreó constantemente el desarrollo de esta actividad.
Normal desarrollo
Todos los hombres y mujeres de la Policía Nacional de los colombianos estuvieron en alistamiento de primer grado, con ocasión de la jornada de elecciones presidenciales que se adelantó en el país.
Fueron 94.400 policías de distintas especialidades -más de 1.144 solo en Putumayo, los que velaron por el normal desarrollo del certamen democrático en coordinación con las Fuerzas Militares.
En el marco del ‘Plan Democracia 2022’ se activaron los mecanismos de investigación criminal, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, para atender de manera oportuna las denuncias que se presentaron en relación con la posible comisión de delitos, especialmente en el ámbito electoral.
Así mismo, en referencia a los municipios en los que existía algún riesgo de alteración del orden público, la instrucción del presidente de la República, Iván Duque Márquez, y del director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia, fue fortalecer y focalizar acciones, especialmente en el campo de la Inteligencia, para anticipar y contener cualquier tipo de amenaza. Por ello, en estas poblaciones se incrementó el pie de fuerza.
El comandante de la Policía en el departamento del Putumayo, coronel Roberto Marín, indicó que fueron temas de máxima prioridad la protección de los candidatos presidenciales y sus campañas, y ya en el departamento el control y vigilancia de las 672 mesas instaladas en los 103 puestos de votación, distribuidos tanto en la zona urbana, como rural, en los 13 municipios.
Al igual que la anterior jornada de elecciones los policías concentran la atención en los delitos electorales, en coordinación con cuatro fiscales especializados y 41 fiscales seccionales.
Adicionalmente están listos los esquemas para escoltar más de 120 vehículos que transportarán el material electoral.
Otro de los objetivos centrales de la Fuerza Pública, junto a las autoridades competentes, es actuar frente a los delitos electorales tipificados en el Código Penal como perturbación del certamen democrático, constreñimiento al sufragante, fraude al sufragante, fraude en la inscripción de cédulas y elección ilícita de candidatos.
Además, tráfico de votos, voto fraudulento, mora en la entrega de documentos relacionados con una votación, alteración de resultados electorales; ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, entre otros, que contemplan penas de prisión y el pago de multas.