Para los colombianos hoy es un momento importante en nuestro escenario democrático. El actual contexto de frustraciones acumuladas y el reclamo que muchísimos hacen de cambios reales y profundos junto a la necesidad de salvaguardad la estabilidad institucional deja claro que la decisión que tomaremos al concurrir a las urnas exige de los ciudadanos un ejercicio responsable, razonado y libre de cualquier presión interna o externa a nuestro derecho.
Es posible que hoy mismo los colombianos elijan al nuevo presidente o al menos se definan los candidatos que buscarán ocupara el primer cargo público de la nación.
La doctrina social de la Iglesia ofrece algunos criterios en términos éticos que a quienes son elegidos les pueden ser útiles para un sano ejercicio de la responsabilidad que le confían sus conciudadanos.
«Quienes tienen responsabilidades políticas no deben olvidar o subestimar la dimensión moral de la representación que consiste en el compromiso de compartir el destino del pueblo y en buscar soluciones a los problemas sociales» (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, Cdsi, 410). Con base en esta enseñanza ética, lo que es esperable de un jefe de Estado que sea capaz de pensar en el bien común, antes que en la búsqueda de prestigios y ventajas personales. “Compartir el destino del pueblo”, implica ser sensible a las principales y más apremiantes necesidades de la gente, especialmente de los más vulnerables.
«Entre las deformaciones del sistema democrático, la corrupción política es una de las más graves porque traiciona al mismo tiempo los principios de la moral y las normas de la justicia social» (Cdsi, 411). Ciertamente este tema es uno de los problemas éticos que más indignan, pero que también han impedido a la nación levantar vuelo para ser un país que se adentre por los senderos del desarrollo humano integral. El nuevo mandatario de los colombianos debería afrontar con audacia este “cáncer” que incluso bloquea el fluido funcionamiento del Estado, alimentando auténticas “mafias” que se nutren de desangrar los recursos públicos. Tal vez este es uno de los puntos en el que se juega la rehabilitación de un gobierno confiable por parte de los ciudadanos.
«La administración pública, a cualquier nivel – nacional, regional, municipal –, como instrumento del Estado, tiene como finalidad servir a los ciudadanos» (Cdsi, 412). Como todos los funcionarios públicos, particularmente los de elección popular, el Presidente de un país es sobre todo un “servidor”. La razón de ser de su trabajo son sus compatriotas. En este orden de idea, el nuevo gobernante debería ocuparse de un aparato estatal habilitado para ayudar con solicitud a los ciudadanos, viendo su dignidad humana que merece ser reconocida y defendida.
Por: Mons. Juan Carlos Cárdenas Toro