Ayer el presidente del Consejo Nacional Electoral CNE, César Abreo confirmó que las elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, que se llevarán a cabo este domingo 29 de los corrientes no tendrán una auditoria internacional independiente para vigilar y examinar los resultados del certamen electoral.
Desde Corferias en Bogotá, Abreo manifestó que no puso finiquitar un compromiso previo que se había hecho con la firma centroamericana Datasys, el cual se había dado por seguro en las últimas horas, pero que finalmente no se concretó. El objetivo era la contratación de una firma para que llevará a cabo esta auditoría independiente, para observar la transparencia de los datos en los comicios presidenciales de este domingo, lo que no se pudo concretar a pesar que el Ministerio de Hacienda había girado de antemano los 3 mil 200 millones de pesos que costaba este proceso.
“No hubo compromiso”
Visiblemente molesto, el magistrado Luis Guillermo Pérez del Consejo Nacional Electoral, señaló que desde el 2 de mayo se estuvo en esta gestión, para la cual ya se habían logrado los recursos necesarios por parte del Ministerio de Hacienda.
“Desde esa fecha hasta ahora hemos tenido cualquier cantidad de reuniones en las que estuvo la Procuraduría General de la Nación, la que alertó sobre todas las condiciones que debería tener un proceso de esta clase”, señaló el magistrado.
Agregó que, a pocos días de la jornada electoral, el proceso es inviable.
“No hubo un compromiso de Estado para sacar eso adelante, pero por eso instamos a los partidos políticos a que asuman su responsabilidad también, a que nombren sus testigos, a que hagan trabajar a sus auditores para que no haya duda de que se garantizará las elecciones”, dijo el magistrado Luis Guillermo Pérez, del CNE, a los periodistas.
Ante dudas generadas
Pérez aseguró que la falta de una auditoria de esas características no impacta las elecciones presidenciales, pero reconoció que era una herramienta que ayudaba a generar confianza en la ciudadanía, algo que era necesario después de las grandes dudas que se sembraron sobre la Registraduría y los resultados de los comicios del 13 de marzo.
“No afecta el proceso electoral. Solo queríamos terminar con los rumores, con la difamación contra la organización electoral, un “golpe de Estado”. El software de Indra es transparente y nuestros ingenieros han verificado que sí funciona”, agregó Pérez. El magistrado comunicó que tanto el CNE como la Registraduría están cumpliendo para dar un parte de tranquilidad a las fuerzas políticas. Esta última entidad, dijo, “ha venido adoptando todas las solicitudes que se han hecho para mejorar el proceso electoral, para superar los errores que se cometieron el 13 de marzo”.
Se acabó el tiempo
Por su parte el presidente del Consejo Nacional Electoral CNE, César Abreu señaló que no hubo tiempo para recolectar la documentación que se requería para llevar a cabo la contratación.
Al respecto indicó que a la firma Datasys se les pidió una oferta y varios de sus funcionarios viajaron a Colombia, puesto que tenían la disponibilidad de hacer el trabajo, pero hubo una serie de requisitos legales que la firma no alcanzó a cumplir, lo que también fue confirmado por el magistrado Luis Guillermo Pérez.
De esta manera, los más de 3 mil millones de pesos que no fueron ejecutados quedan como una partida presupuestal que seguirá en manos del Gobierno Nacional.
La decisión de no contratar la auditoria internacional al software de la Registraduría se tomó luego de una reunión de más de 3 horas, en la que participó el Registrador Nacional, Alexander Vega Rocha.
Es de destacar que la auditoria internacional había sido solicitada por los partidos y movimientos políticos, luego de los hechos que se registraron en las elecciones para el Congreso de la República, del pasado 13 de marzo.
Vigilancia independiente
En torno a los antecedentes de esta situación es de anotar que los partidos políticos insistieron en la necesidad de hacer esa vigilancia independiente, sobre todo después de los hechos que se registraron en las pasadas elecciones legislativas, lo que puso en duda la gestión del Registrador Alexander Vega Rocha.
Como se recordará, el escándalo se suscitó por la diferencia en votos entre la etapa de preconteo y el escrutinio, en la que le aparecieron al Pacto Histórico más de 700 mil votos, lo que hizo que se produjera una sensación de desconfianza.
Precisamente por esas inconsistencias y con miras a que las suspicacias no se trasladaran a los resultados de la primera vuelta presidencial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le pidió a la Registraduría que contratara una auditoría independiente para revisar cómo está funcionando la tecnología aplicada a las elecciones y entender, después de la votación en las urnas y el conteo de datos, si en efecto el proceso se surtió como era debido.
Proceso tradicional
En cada certamen electoral, la Registraduría contrata una auditoría “tradicional” , que incluye la inspección de los softwares utilizados. No obstante, los informes que arroja esa auditoría han sido privados y secretos pues sirven para el uso propio de la entidad. En este año, la firma Mcgregor está encargada del proceso que se surtió tanto en las elecciones al Congreso, como de las presidenciales. Sus resultados los dará luego de la primera vuelta.
Adicional a eso, los partidos políticos y cerca de 25 organizaciones civiles, como Karisma y la MOE, envían veedores a los simulacros de escrutinios. Sin embargo, la capacidad de vigilancia de estos actores es mínima, con relación a lo que una auditoría puede hacer, que es revisar el funcionamiento “del código fuente, la penetración, y la funcionalidad”, de los softwares usados en las votaciones.
Softwares
En las elecciones de 2022 hubo novedades, entre ellas la decisión del registrador Alexander Vega Rocha de implementar dos softwares, en respuesta a un fallo que pidió que se tuviera un software propio para el escrutinio. Uno es alquilado por Disproel, que se viene usando hace años y que se empleará en las primeras fases del escrutinio de los votos en la primera vuelta. El segundo fue diseñado por Indra y patentado a nombre del Estado y se usará para la segunda parte del escrutinio, es decir, cuando el conteo de papeletas llegue a la comisión nacional, en manos del CNE, para consolidar finalmente los resultados.