La novela en que se ha convertido el proceso contra el expresidente de la República por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, seguirá y tendrá todavía muchos capítulos más.
Así lo determinó en las últimas horas, la Juez 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortíz al negar la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía y acogida por la Procuraduría y la Defensa de Uribe.
Esta decisión la tomó la togada, luego de más de ocho meses de iniciada la audiencia de preclusión que tomó más de 100 horas de audiencias. En su decisión, la juez controvirtió los argumentos de la Fiscalía, quien había pedido el archivo del proceso por dos razones: las conductas descritas en el caso no serían delito (atipicidad) y, si lo fueran, no habría elementos para probar el rol del expresidente en los hechos.
En su argumentación, la juez expuso que, contrario a lo expresado por el expresidente, su defensa y la Procuraduría, quienes dijeron que no tenían claros los hechos por los que Uribe era investigado, la indagatoria que este rindió en la Corte equivale a una imputación y por lo tanto allí le dejaron claras las razones.
“Plena validez”
«El despacho no comparte la crítica de la defensa, al censurar que la imputación llevada en la indagatoria y luego retomada al resolverse la situación jurídica fue ‘elástica’ (…) por ello estima el despacho tampoco asiste razón al exsenador Álvaro Uribe en su intervención, cuando manifestó que se le había cercenado el derecho a la defensa al no habérsele informado en qué calidad se le imputaba”.
Bajo esta línea, la juez explicó que todo el trámite efectuado en la Corte Suprema de Justicia «conserva plena validez dentro de esta actuación», y dijo que las pruebas que practicó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema sí serán tenidas en cuenta en su integridad. Esto ante las críticas que hizo el Ministerio Público y la Defensa sobre ellas. Es decir, las interceptaciones telefónicas entre el abogado Diego Cadena y Álvaro Uribe.
Lo anterior, porque estas pruebas son legítimas desde el momento en que se equiparó la indagatoria realizada por Uribe con la imputación. “Estos temas ya fueron debatidos y resueltos en etapa procesal pretérita y porque el presente trámite tampoco es el escenario para ello”.
Crítica a la Fiscalía
Igualmente, la juez emitió una fuerte crítica a la Fiscalía al manifestar que las investigaciones que se hicieron en el marco del proceso que se sigue en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presunta compra de testigos y fraude electoral no fueron profundas y tampoco se probó la teoría en que se basó la solicitud de preclusión a favor del procesado.
En ese sentido, es de anotar que la Fiscalía había alegado imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia de Uribe Vélez, porque según el fiscal Gabriel Jaimes, no hay pruebas que determinen que el procesado haya participado en delito alguno, sin embargo, la jueza determinó que sí hay indicios de que Álvaro Uribe habría incurrido en el delito de soborno.
Uno de los cuestionamientos se basa en las omisiones y pérdida de memoria del abogado Diego Cadena. A la jueza le llamó la atención la forma en que llegaron a la Corte Suprema las cartas paramilitares alias ‘Sinaí’, ‘Cadavid’ y ‘Poli’, recluidos en la cárcel de Cómbita.
Hubo una reunión entre Cadena, la abogada Ángela López (enlace de los presos), el entonces director de la cárcel de Combita, coronel Gustavo Adolfo Ricaurte y el exasesor de la UTL de Álvaro Uribe, Fabián Rojas y la Fiscalía nunca los llamó a declarar sobre ese episodio.
En las declaraciones de Cadena ante la Corte Suprema, el abogado olvidó mencionar esa reunión, vino a recordarlo en la declaración que le dio a la Fiscalía.
“No es creíble”
“Para este despacho no resulta creíble que el haber omitido decirle a la Corte acerca de la reunión con el director de la cárcel de Cómbita, la abogada Ángela López y Fabián Rojas, sea producto de la excusa que el mismo Cadena alegó posteriormente que lo olvidó porque difícil sería olvidar reunirse con el director de la cárcel que luego le ayudó a entrevistar a los testigos”.
Dijo la jueza que “visto lo anterior, resulta claro para el despacho que sí existe una hipótesis posible a cerca de la materialidad del delito de la actuación penal”.
“(…) en cuanto a la hipótesis de autoría o participación del exsenador Álvaro Uribe Vélez en estos hechos ha quedado demostrado que contrario a lo afirmado por Diego Cadena, el reporte de las gestiones realizadas, así como la solicitud de autorización para continuar con las mismas ocurrieron en el mismo día en que acaeció la reunión de este con Fabián Rojas, Ángela López, y el coronel Ricaurte Tapia”, explicó la jueza.
Otro de los cuestionamientos, es que hay indicios de que las dos cartas del exparamilitar Tuso Sierra se pudieron haber elaborado a cambio de beneficios. Ese testigo tiene antecedentes de haber declarado a cambio de dádivas.
El paso a paso del caso
El desarrollo de esta investigación en contra del expresidente Uribe Vélez, quien inclusive tuvo la casa por cárcel por esta situación, es el siguiente:
Esta novela política y legal viene desde septiembre de 2014, cuando en el Congreso de la República hubo una acalorada discusión entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, quien lo tildó de tener nexos paramilitares.
Con algunos testigos de su parte, Cepeda demostró algunas pruebas, mientras que Uribe negó sus suspuestos nexos con estos grupos delictivos. Tras esta acalorada discusión, el expresidente interpuso una denuncia en contra de Iván Cepeda por abuso de su cargo y de diálogos con paramilitares para buscar beneficios.
Inesperado viraje
Pero con el tiempo fue que la ‘novela’ cambió, pues en febrero de 2018 la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia de Uribe contra Cepeda y, además, terminó en contra de él. Allí, la organización determinó que la investigación debía ser en contra del expresidente.
Tras abrir una investigación, la Corte Suprema de Justicia determinó que presuntamente habría una manipulación y soborno de testigos en contra de Iván Cepeda, para que se retractara de los señalamientos sobre los supuestos nexos con autodefensas. Es por eso que ese mismo 2018, en julio, empezó el proceso e incluso quedó investigado Diego Cadena, quien era abogado de Uribe.
Y luego, entre pruebas, polémicas e investigaciones, en agosto de 2020 el tribunal decidió que había pruebas suficientes y que la libertad de Álvaro Uribe era una ‘peligro’, por lo que la Corte Suprema de Justicia ordenó detenerlo y darle casa por cárcel, como medida de aseguramiento.
Tras la medida de aseguramiento, Uribe renunció a su lugar en el Senado de la República y allí su caso pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía. En noviembre de 2020, un juez ratificó la libertad para el expresidente, mientras que el caso quedaba pendiente de la Fiscalía que el 5 de marzo solicitó la preclusión del caso para Uribe, lo que acaba de ser negado.