En Colombia, día tras día se conocen denuncias sobre el reclutamiento forzado de niños y niñas en ciertas zonas del país, donde se ha establecido una presencia permanente de grupos armados residuales y de grupos delincuenciales organizados.
Existe amplia documentación sobre los menores como protagonistas olvidados en el conflicto colombiano, en el cual han participado portando armas, ejecutando misiones de transporte, labores de inteligencia, contrabando y ocupando cargos en las estructuras criminales, aunque al mismo tiempo han sido víctimas de abusos personales y sexuales.
La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), adelanta las averiguaciones sobre el delito del reclutamiento forzado de menores – un delito de lesa humanidad – y ha llamado a versiones voluntarias a los exlíderes de las Farc, muchos de los cuales ocupan curules en el Congreso.
Sin embargo, como ya se ha vuelto una costumbre, los excomandantes subversivos posan de “ángeles y querubines”, negando el reclutamiento forzado y en diferentes declaraciones rechazan las acusaciones de que en las filas guerrilleras existiera una política de incorporación de menores.
Así, los exjefes guerrilleros insisten con cierto cinismo, en que la vinculación de niños, niñas y adolescentes se presentaba bajo términos de voluntariedad, lo cual ha sido interpretado como un intento de disminución de la responsabilidad frente al reclutamiento como tal para no hacerse merecedores a cualquier tipo de sanción penal.
Pero lo cierto de todo es que existen pruebas presentadas ante la JEP tanto de jornadas de reclutamiento masivo organizadas por la guerrilla como de visitas a casas, en donde exigen una cuota de menores para las filas, situación ésta que ha generado el desplazamiento de familias enteras que se oponen al reclutamiento de sus hijos.
El Centro Nacional de la Memoria Histórica sostiene que durante el conflicto armado con las Farc se presentaron 17.886 casos de reclutamiento forzado, aunque los exjefes farianos sostengan que no es así.
Además, según el Observatorio de la Unidad para las Víctimas, “entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021 ocurrieron 519 eventos en el país relacionados con la vinculación de niños, niñas y adolescentes a grupo armados, siendo el 2018 el año más alto: concentró el 34 % del total de los eventos ocurridos (176), mientras en 2019 se evidenciaron 144; en 2020, 116 y finalmente, en 2021, 83”.
Sobre el particular cabe manifestar que es preocupante que las últimas alertas de la Defensoría del Pueblo indiquen que regiones como Guaviare, Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Chocó y Antioquia, sean las zonas más asediadas por los grupos ilegales para llevarse menores de edad a sus filas.
Por ello, ante este desolador panorama de guerra, en que los niños, niñas y adolescentes adquieren el rol de víctimas y victimarios, el Estado tiene que orientar sus esfuerzos en protegerlos de las amenazas a que están expuestos por los grupos al margen de la ley, de lo contrario si van a continuar convirtiéndose en “máquinas de guerra”, como lo dijo un día el ministro de defensa Diego Molano.
Por: Luis Eduardo Solarte Pastás