Son los señores y señoras jurados de votación quienes deben velar por la transparencia en las elecciones. Pero, lamentablemente, en los pasados comicios legislativos realizados el 13 de marzo miles de ellos han quedado en entredicho y están siendo investigados por la Fiscalía y la Procuraduría, organismos que, en un momento dado, les podría imponer severas sanciones de carácter penal o disciplinario.
La tristísima realidad es que luego del mencionado proceso electoral muchas dudas e inquietudes flotan en el ambiente, puesto que no se puede negar que un desfase de un millón de votos, entre los formularios E-14 que llenaron los jurados y los votos que aparecieron en las urnas, es para preocupar a cualquiera, valga la expresión.
«Es grave cuando la sal se corrompe, pero ya en nuestro país tenemos cantidades de ejemplos que nos muestran que esto es de común ocurrencia en nuestro medio. Por lo tanto, los colombianos exigimos que las elecciones presidenciales, que ya están a 38 días, tengan las plenas garantías, sin que en las mesas de votación y en los formularios E-14 se agazapen oscuras intenciones».
Son esos ‘pequeños’ errores los que hoy tienen en la cuerda floja al señor registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, a quien responsabilizan de lo que muchos califican como una verdadera debacle y, por ello, hoy un vasto sector de la opinión pública quiere que renuncie a su cargo, en tanto que otros son de la opinión que lo mejor que se podría hacer es nombrar a un registrador ad-hoc como alternativa para evitar nuevos escándalos.
Lo cierto es que sería querer tapar el sol con las manos, desconocer que lo ocurrido en las elecciones para el Senado y la Cámara de Representantes fue desastroso y de ahí las investigaciones que en estos momentos se están realizando al respecto.
Además, nos parece inconcebible que, en el marco de esas pesquisas, se encuentran involucrados los jurados de votación que tuvieron a su cargo un poco más de cinco mil mesas en diferentes regiones del país. Esa es la razón por la cual hoy en día 300 mil jurados de votación, entre los cuales un millar son del departamento de Nariño, se encuentran bajo la lupa de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación.
¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Hubo manifiesta mala fe por parte de estas personas?, o quizá los múltiples errores que se han detectado se deben a que los jurados no tuvieron una buena capacitación y por lo tanto habría que referirse a errores humanos y no a actitudes malintencionadas y, por qué no decirlo, delincuenciales.
He ahí el gran interrogante que debe ser dilucidado a la mayor brevedad posible, antes de la realización de los comicios presidenciales programados para el 29 de mayo, para que de esta manera el país antes de acudir de nuevo a las urnas sepa lo que pasó en esa jornada que tanto escándalo ha suscitado.
En ese sentido lo que nosotros consideramos es que debe haber una claridad sobre lo ocurrido antes de esas elecciones, puesto que las dudas e inquietudes carcomen a millones de colombianos.
Por lo tanto, debemos tener en cuenta que el proceso electoral que se avecina es de transcendental importancia para Colombia y ya, sin necesidad de la incertidumbre que genera lo ocurrido, está rodeado de hechos y situaciones difíciles, en las que lamentablemente están primando más las ofensas y los ataques personales que las ideas programáticas.
Es grave cuando la sal se corrompe, pero ya en nuestro país tenemos cantidades de ejemplos que nos muestran que esto es de común ocurrencia en nuestro medio. Por lo tanto, los colombianos exigimos que las elecciones presidenciales, que ya están a 38 días, tengan las plenas garantías, sin que en las mesas de votación y en los formularios E-14 se agazapen oscuras intenciones.