En las últimas horas la Alianza para la Veeduría Electoral, integrada por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el Extituto de Política Abierta y el Instituto Anticorrupción, insistió en la designación de un Registrador ad-hoc para las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, con una eventual segunda vuelta el 19 de junio.
Esto al considerar según la solicitud, que el actual Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha no ofrece las garantías que se requieren para unos comicios de tanta transcendencia, luego de la serie de irregularidades que se presentaron en las elecciones para el Congreso de la República, del pasado 13 de marzo.
«Faltan dos elecciones y creemos que enviar mensajes de alerta sirve para que traten de subsanar las irregularidades que se han cometido», precisaron sus voceros.
«Si llega un registrador ad-hoc tendrá que hacer un trabajo muy serio para darle confianza a todos en los procesos de escrutinio y conteos», señaló a su turno, Nicolás Diaz, director de Extituto de Política.
Sin sanciones
«Hemos identificado irregularidades en la selección de jurados, la inscripción de cédulas y extralimitaciones del Registrador Alexander Vega», dijo y añadió:
«Hay evidencias de que hay asuntos que no funcionan o que funcionan mal en la Registraduría. No ha habido sanciones para quienes están detrás de las irregularidades».
«En 23,000 de las 112.000 mesas instaladas en el país el mismo registrador reconoció que hubo irregularidades, en el diseño y relleno de los E-14 y en la selección y capacitación de jurados», complementó Díaz
«Esta es una historia advertida, ya la habíamos sacado a la luz los problemas que venían gestándose desde enero, la página caída una semana antes de elecciones y el mismo 13 de marzo», puntualizó.
Por su parte, León Valencia, de Pares, señaló que «hubo muchas más brechas para el acceso al derecho al voto, esto es extremadamente grave. Muchas personas no quedaron inscritas ni pudieron votar».
«800.000 cédulas se quedaron por fuera. Para digitalizar se gastaron $80.000 millones y lo que produjo eso fue una irregularidad enorme», afirmó.
Cuestionamientos
«Posteriormente a las elecciones lo que se ha ido descubriendo es que el registrador tiene una actitud de absoluta irresponsabilidad», anotó Valencia.
«Faltan dos elecciones y creemos que enviar mensajes de alerta sirve para que traten de subsanar las irregularidades que se han cometido», precisó.
Nicolás Diaz complementó que «el proceso de digitalización le ha creado muchos costos al Estado, estos megacontratos se siguen dando a privados sin respaldo para que los ciudadanos puedan acceder al voto».
Además, sustentó que «hay evidencias de que hay asuntos que no funcionan o que funcionan mal en la Registraduría. No ha habido sanciones para quienes están detrás de las irregularidades».
Al quite
Es de anotar que ante la serie de críticas en su contra, el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, ha defendido siempre su trabajo y manifestó que para las elecciones a la Presidencia de la República, cuya primera vuelta será el próximo 29 de mayo, se están tomando medidas extraordinarias para evitar que se vayan a presentar anomalías.
Estas incluyen el cambio que se le hará al formulario E-14 que precisamente fue una de las piedras del escándalo, así como el cambio de la mayoría de los jurados de votación que participaron de las elecciones legislativas del anterior 13 de marzo, como una manera de brindar las elecciones.