Ayer no más en el comentario editorial nos referimos a las amenazas a las elecciones en nuestro departamento de Nariño, por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional Eln y los grupos disidentes, quienes, de acuerdo con informaciones recopiladas por los servicios de inteligencia colombianos, se han unido para sabotear los comicios no solo en esta zona sur, sino en varias regiones del país.
En esa nota editorial hablamos de la urgente necesidad por parte de los gobiernos departamental y Nacional de reforzar el pie de fuerza, en especial en los sectores de la costa pacífica, para enfrentar y evitar esas malévolas intenciones por parte de organizaciones armadas al margen de la Ley, que vienen haciendo de las suyas en vastas zonas de nuestra región.
Ayer hicimos esa advertencia y ayer mismo, recibimos la infausta noticia del asesinato del concejal del municipio de Córdoba, Julio César Bravo, quien fue acribillado por desconocidos quienes llegaron a su vivienda, en una zona rural de la población.
«Ayer hicimos esa advertencia y ayer mismo recibimos la infausta noticia del asesinato del concejal del municipio de Córdoba, Julio César Bravo, quien fue acribillado por desconocidos quienes llegaron a su vivienda, en una zona rural de la población».
Respecto a este doloroso hecho que le costó la vida al presidente del Concejo de Córdoba, inicialmente las autoridades manejaron la hipótesis de que se trató de un robo, pero a media que han pasado las horas, toda apunta que se trató de un episodio más de la terrible violencia que por estos días sacude al departamento de Nariño.
Por lo tanto, ante este episodio criminal, no tenemos otra alternativa que reiterar todo lo que se dijo en el Editorial del día jueves, en el que se enfatizó en esa denuncia hecha por los organismos de seguridad, en torno al mencionado complot de los grupos ilegales, no solo para desestabilizar el orden público en desarrollo de las elecciones legislativas, para el Senado, Cámara de Representantes, curules de paz y consultas de las coaliciones del próximo 13 de marzo y los comicios presidenciales del 29 de mayo, sino también para fortalecer su dominio en los territorios que en estos instantes están utilizando para actividades del narcotráfico.
En este orden de ideas, estamos plenamente convencidos de que la muerte violenta del concejal Bravo no obedeció a una acción delincuencial como un intento de robo, sino que obedeció a la violencia desatada que por estos días previos a las elecciones legislativas y presidenciales, azota a vastas zonas de nuestro departamento de Nariño.
Consideramos entonces, que el asesinato del que acaba de ser víctima el presidente del Concejo de Córdoba, Julio César Bravo, de manera necesaria tiene que tomarse como un hecho criminal que nada tuvo que ver con un vulgar robo y sí mucho con retaliaciones y venganzas contra los líderes sociales.
Insistimos en que este mortal atentado que acaba de tener como escenario el municipio de Córdoba, se constituye en un hecho de violencia que ratifica la veracidad de las acciones tempranas que han lanzado diferentes organismos sobre la delicada situación de orden público que se vive en el departamento de Nariño.
Ante lo que acaba de suceder, no nos queda más alternativa que reconocer la gravedad de lo que viene pasando en materia de orden público en esta región sur del país y reiterar el llamado en nombre de las diferentes comunidades, para que se refuerce la presencia de la Fuerza Pública en las regiones que en estos instantes son permanente escenario de estos episodios de violencia, como el reciente hecho que le costó la vida al concejal Julio César Bravo.
Ayer antes de conocer este doloroso homicidio, dijimos que una amenaza cierta de más violencia en nuestro departamento de Nariño, se afronta en los 16 municipios, 11 de la costa pacífica y 5 de la Cordillera, donde se votarán las curules de la paz. Así que es perentorio la toma de drásticas medidas de seguridad, antes que la situación se salga de las manos.