Tras conocerse la decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional, de negar la tutela del expresidente Álvaro Uribe, la cual pretendía tumbar la vinculación al proceso en su contra, por la presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Distintos sectores políticos se pronunciaron sobre la decisión del Alto Tribunal.
«Esta decisión reivindica todo lo adelantado de manera rigurosa, muy seria, por parte de la Corte Suprema de Justicia en el caso que se sigue contra Uribe. Es una decisión plenamente justificada y en derecho, que nos alienta a seguir este camino, siempre manteniendo el respeto y el acatamiento por las instituciones y por la justicia. De manera serena vamos a continuar presentando nuestros argumentos para lograr que muy pronto haya un llamado a juicio de Uribe», afirmó el senador Iván Cepeda.
Por su parte, el congresista del Centro Democrático, Ciro Ramírez, afirmó que lamenta la decisión «porque conozco el expediente del expresidente Uribe y la la injusticia que se ha cometido sobre su situación jurídica. Ahora esperamos que la Fiscalía precluya el proceso y el juez de la República pueda ratificar esa decisión, como así lo ha expuesto el fiscal Gabriel Jaimes».
Asimismo, la senadora Angélica Lozano, consideró que «la Corte niega el salvavidas a Uribe. Continúa el proceso penal y se sienta un importante precedente para los que quieren hacer la jugadita de renunciar a la curul para que la Fiscalía de bolsillo, sin más, les archive las investigaciones».
Además, agregó que «el proceso penal continúa y solo puede ser terminado por un juez. Al pasar el proceso a la Fiscalía cambió el procedimiento, pero una jueza decidió que debía continuarse en el estado equivalente al que se encontraba. Es decir, después de la imputación; ya estaba en etapa de juicio. Bajo este nuevo procedimiento el fiscal puede decidir si archiva la investigación únicamente si no se ha hecho la imputación. Después de eso solo puede terminar el proceso solicitando su preclusión ante un juez».
Finalmente, el precandidato del Uribismo, Rafael Nieto, señaló que «la Corte se presume garantista, pero sus mayorías deciden con sesgo político. En penal la interpretación de las normas debe ser la mejor para el investigado. Se llama principio de favorabilidad y, otra vez, en el caso de Uribe se lo pasan por la faja».