Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, aseguró que la modificación de la Ley de Garantías que fue aprobada por parte del Senado, es irresponsable, porque aumenta los riesgos para facilitar el desvío de los dineros públicos hacia propósitos electorales.
Pese a la lluvia de críticas de varios sectores de oposición, la plenaria del Senado, aprobó 54 votos a favor y 30 en contra el polémico artículo 125 incluido en el proyecto de Presupuesto General de la Nación, que permite a los funcionarios públicos la contratación en plena época electoral.
Según señala la ponencia, que llegó para el segundo y último debate de la propuesta, se realizará una vigilancia especial por parte de la Contraloría a los contratos que se ejecuten.
«Esta aprobación habilita la celebración de convenios interadministrativos que es un mecanismo de contratación pública con alta discrecionalidad para ejecutar recursos públicos, pero ahora con un mayor riesgo dado el contexto de alta politización en que nos encontramos», indicó Hernández.
Del mismo modo, indicó que ya se está evidenciando una alta presión por asegurar recursos para financiar campañas al Congreso y a la Presidencia en las próximas elecciones.
«Por lo tanto, esta modificación a la Ley de garantías puede servir de incentivo para que intereses particulares busquen capturar esos fondos públicos y desviarlos hacia gastos de campaña», expresó Hernández.
Igualmente, señaló que una reactivación económica debería realizarse por medio de licitaciones públicas que son menos discrecionales y sobre los cuales se puede realizar un mayor control.
«Este no era el momento oportuno para hacer ese tipo de modificaciones, teniendo en cuenta que el contexto electoral prácticamente ya se inició y los riesgos de corrupción aumentan», puntualizó el director de Transparencia por Colombia.