Se cumplen diez años de uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia reciente de Colombia: la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, el 26 de septiembre de 2016, la cual se ratificó el 24 de noviembre.
Después de más de medio siglo de confrontación armada, el país recibió aquel acontecimiento con la esperanza de que finalmente comenzara una nueva etapa, marcada por la reconciliación, la desmovilización, el desarme y la transformación de los territorios más golpeados por la guerra.
Fue, sin duda, un hecho histórico. Las Farc dejaron las armas como organización insurgente y se abrió el camino para que miles de sus integrantes abandonaran la clandestinidad y emprendieran un proceso de reincorporación a la vida civil. El acuerdo también creó instrumentos de justicia transicional, reparación a las víctimas y transformación territorial.
La paz que se soñó no ha llegado plenamente a todos los rincones del territorio nacional. Es una paz agridulce, porque mientras una guerrilla dejó las armas, en diferentes regiones surgieron o se fortalecieron disidencias de las antiguas Farc y otras organizaciones armadas que comenzaron a disputar los espacios que quedaron tras la salida de aquella organización.
La Defensoría del Pueblo ha advertido que el conflicto armado persiste en amplias zonas del país y que algunos grupos ilegales se han expandido hacia nuevos territorios, favorecidos por economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, así como por dificultades del Estado para ejercer un control territorial efectivo.
Las alertas tempranas de 2026 muestran, además, que las dinámicas armadas siguen siendo complejas. En Huila, por ejemplo, la Defensoría alertó sobre el fortalecimiento territorial de estructuras vinculadas al Estado Mayor Central; en Cauca se ha advertido sobre la presencia y actividad de disidencias y del Eln, lo mimo que en el departamento de Nariño.
Y las cifras de violencia recuerdan que el problema está lejos de ser asunto del pasado. Entre enero y mayo de 2026, la Defensoría registró 67 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, además de 58 masacres con 238 víctimas.
Esto no significa desconocer los avances derivados del Acuerdo de 2016. Sería injusto y equivocado hacerlo. La dejación de armas de las Farc representó una disminución de una de las principales confrontaciones armadas que durante décadas desangró a Colombia. También permitió que numerosas víctimas encontraran escenarios para reclamar verdad, justicia y reparación.
El problema es que la paz no podía limitarse a conseguir que una organización dejara las armas. La paz necesitaba llegar con el Estado, con oportunidades económicas, educación, vías, salud, seguridad, sustitución de economías ilegales y presencia institucional permanente.
Diez años después, Colombia no puede conformarse con haber firmado la paz. Tiene que preguntarse por qué en tantos territorios los fusiles cambiaron de manos, por qué las economías ilegales continúan financiando estructuras armadas y por qué campesinos, indígenas, comunidades afrodescendientes, líderes sociales y habitantes de zonas rurales siguen viviendo bajo amenazas y presiones.
El desafío es todavía mayor porque la violencia ya no responde a un solo actor armado. El mapa del conflicto se fragmentó y aparecieron nuevas disputas por territorios, rutas del narcotráfico y otras rentas ilegales. La historia demuestra que firmar un acuerdo es apenas el comienzo. Construir la paz es una tarea mucho más larga y difícil.
Diez años después, Colombia sigue buscando esa paz estable y duradera que prometió el acuerdo. El reto continúa siendo enorme: que los territorios que alguna vez fueron escenario de la guerra no vuelvan a quedar en manos de quienes pretenden imponer su ley mediante las armas.
