Justicia exige documentos

Una decisión judicial relacionada con una acción de tutela promovida por el concejal de
Villavicencio Cristian Ferney Nieves García puso nuevamente en el centro de la discusión el
acceso a la información sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la capital del
Meta.
Información
Según la información conocida sobre el proceso, la acción judicial fue presentada luego de
que el cabildante solicitara a la administración municipal información relacionada con el
estado de revisión, modificación o actualización del POT, documentación que, de acuerdo
con lo expuesto en la tutela, era requerida para el ejercicio de sus funciones de control
político.
La controversia se relaciona con el derecho de petición y el acceso a información pública.
De acuerdo con el reporte sobre la decisión, la administración municipal deberá entregar la
información solicitada en los términos establecidos por la autoridad judicial.
El POT vigente de Villavicencio corresponde al adoptado en 2015. La propia Alcaldía ha
informado que adelanta un proceso técnico de diagnóstico y revisión para determinar la
viabilidad de realizar modificaciones excepcionales, para lo cual se analizan estudios y
documentos elaborados por administraciones anteriores.
La administración municipal también dispone actualmente de un ‘Expediente Municipal’,
mediante el cual se pueden consultar documentos relacionados con la planificación
territorial, además de información sobre el POT vigente, mapas y estadísticas.
Solicitud
En este contexto, la información solicitada por el concejal está relacionada con un
instrumento de planificación que define aspectos del desarrollo urbano, el uso del suelo y la
organización territorial de Villavicencio.
El fallo se refiere al acceso a la información solicitada y no constituye, por sí mismo, una
decisión sobre el contenido que deba tener el POT, ni determina cuáles modificaciones
deberán ser adoptadas por la administración municipal.
Ahora corresponderá a la Alcaldía atender las órdenes establecidas por la autoridad judicial
y suministrar la documentación que haya sido objeto del proceso, mientras el concejal podrá
utilizar esa información dentro de las funciones de control político que le corresponden.