El presidente Abelardo De La Espriella respondió formalmente a la carta enviada por el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en la que este advirtió sobre afectaciones a la autonomía e independencia del tribunal transicional. El jefe de Estado sostuvo que las discusiones presupuestales en el Congreso no constituyen una amenaza ni una persecución, sino un ejercicio constitucional de responsabilidad fiscal.
Puntos clave de la réplica gubernamental
- Antecedente de la denuncia ante la CPI: El magistrado Ramelli envió una comunicación a los fiscales internacionales argumentando que el proyecto de trasladar $100.000 millones de la JEP a la justicia ordinaria y la propuesta de someter las sentencias sobre la Fuerza Pública a control de la Justicia Penal Militar vulneran los compromisos asumidos en el Acuerdo de Cooperación de 2021.
- Defensa del debate institucional: De La Espriella rechazó el contenido y el tono del oficio, asegurando que su administración no ha tomado decisiones que incumplan compromisos internacionales y que la concertación del Presupuesto General de la Nación en el Congreso responde al funcionamiento regular de la Constitución.
- Argumentación y balances presupuestales: El mandatario negó que la asignación proyectada para 2027 ($821.803 millones frente a los $947.642 millones solicitados por el tribunal) represente un castigo o venganza. Señaló que desde 2018 la JEP ha recibido más de tres billones de pesos y que en 2026 su nómina asciende a cerca de $404.477 millones.
- Cuestionamientos a la gestión administrativa: El Ejecutivo exigió a la JEP rendir cuentas sobre la eficiencia en la ejecución de sus recursos, argumentando que el volumen de fallos restaurativos no guarda proporción con la carga burocrática del organismo y mencionando el incremento del salario de su presidencia, que superó los 55 millones de pesos mensuales.
- Énfasis en la justicia ordinaria: El Presidente reiteró que la prioridad del gasto debe enfocarse en descongestionar la rama judicial ordinaria, la cual padece el represamiento de millones de expedientes y limitaciones técnicas, justificando la redistribución de fondos como una decisión de gobierno necesaria frente a la estrechez fiscal del país.
