El Presupuesto General de la Nación para 2027 plantea una reducción significativa en los recursos de inversión que recibirá Nariño, pasando de $2,85 billones en 2026 a $2,67 billones en 2027. Esta disminución nominal de $181.000 millones —equivalente al 6,4 %— genera preocupación en gobiernos locales, comunidades y sectores productivos del departamento, especialmente cuando se considera su impacto real después de descontar la inflación.
De acuerdo con análisis especializados, al descontar el efecto de la inflación proyectada, la reducción real de los recursos podría superar el 11 %, afectando la capacidad de ejecutar proyectos estratégicos para la región. Este recorte llega en un momento crítico, cuando Nariño enfrenta desafíos urgentes en infraestructura vial, atención de emergencias, seguridad y desarrollo rural, sectores en los que alcaldías y comunidades dependen en gran medida de la inversión nacional para impulsar obras y programas en municipios históricamente afectados por el conflicto armado y el rezago estatal.
Contexto fiscal nacional y prioridades presupuestarias
El debate sobre la asignación presupuestaria para Nariño se produce en medio de una compleja situación fiscal del país. El Presupuesto General de la Nación para 2027 fue aprobado en comisiones económicas del Congreso por un monto de $634,9 billones, mientras que expertos y organismos económicos han advertido sobre las restricciones fiscales y el creciente peso de la deuda pública en las finanzas nacionales. A nivel nacional, el gasto en funcionamiento aumenta desde $367,7 billones hasta $392,5 billones, un alza de $24,9 billones, mientras que la inversión baja de $90 billones a $86,9 billones, con una reducción de $3,1 billones.
Parte importante de los recursos del Estado continúa destinándose al servicio de la deuda pública y al funcionamiento de la administración, reduciendo el margen disponible para inversión territorial. Entre las entidades que reciben mayores asignaciones en el presupuesto nacional figuran la Policía Nacional con $20,9 billones, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con $12,0 billones y la Agencia Nacional de Infraestructura con $10,8 billones. En contraste, sectores como la educación superior, la rama judicial y las universidades públicas reciben
