El Gobierno Nacional dio un giro a la política sobre el porte de armas de fuego en Colombia con la firma del Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026, mediante el cual se levanta la suspensión general que durante años había limitado el uso de armas por parte de civiles con permisos vigentes.
La decisión ha generado debate en el país. Mientras el Gobierno sostiene que busca devolver a los ciudadanos habilitados una herramienta para su defensa, sus críticos advierten sobre los posibles efectos que un mayor número de armas en circulación podría tener sobre la seguridad.
¿Qué cambia con el decreto?
La principal modificación es que las personas que ya cuentan con un permiso de porte vigente podrán volver a ejercer las facultades que les otorga ese permiso, sin necesidad de solicitar una autorización especial adicional.
Sin embargo, esto no significa que cualquier ciudadano pueda portar un arma libremente.
El decreto mantiene los requisitos, controles y restricciones establecidos por la legislación colombiana.
¿Se pueden comprar y portar armas libremente?
No. El levantamiento de la suspensión no convierte el porte de armas en un derecho automático ni elimina el sistema de permisos.
Quienes quieran obtener un permiso deben cumplir con los procedimientos establecidos por las autoridades competentes y superar los controles correspondientes.
¿Quiénes quedan cobijados?
La medida beneficia principalmente a quienes tengan permisos de porte vigentes y no estén sujetos a ninguna restricción legal.
Por el contrario, no podrán beneficiarse de la medida quienes tengan permisos vencidos, suspendidos, cancelados o revocados, así como quienes tengan una prohibición judicial o administrativa para portar armas.
¿Qué requisitos continúan vigentes?
Los controles establecidos por la normativa colombiana permanecen. Entre ellos se encuentran las verificaciones relacionadas con las condiciones físicas y psicológicas del solicitante, los antecedentes y demás requisitos exigidos por las autoridades.
Por lo tanto, el decreto no elimina los filtros para acceder legalmente al porte de un arma.
¿Por qué se tomó la decisión?
El Gobierno argumenta que durante años se restringió a ciudadanos que cumplían con la ley mientras los grupos criminales continuaron utilizando armas ilegales.
La nueva administración sostiene que permitir nuevamente el porte a quienes cumplen los requisitos puede contribuir a fortalecer la capacidad de defensa de los ciudadanos.
