Con corte al 31 de julio, Putumayo, Guaviare, Quindío y Nariño se ubican entre los departamentos con las tasas más altas de feminicidio del país. Putumayo (3,02) presenta una tasa cercana a tres veces el promedio nacional, mientras que Guaviare (2,50) y Quindío (2,43) registran tasas superiores al doble de la media nacional.
Asimismo, preocupa la situación de Nariño, que ocupa el cuarto lugar con una tasa de 1,94, cercana al doble del promedio nacional, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las respuestas institucionales para prevenir los feminicidios y garantizar una protección oportuna y efectiva para las mujeres.
Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026 se han registrado 17 feminicidios en este departamento, y durante el mes de agosto se reportaron cuatro nuevos casos. Además, en los últimos días se han conocido tentativas de feminicidio contra una mujer en Taminango y contra una adolescente en Chachagüí.
Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, las organizaciones de mujeres y las comunidades afectadas. Los feminicidios constituyen la expresión más grave de las violencias contra las mujeres por razones de género y vulneran sus derechos a la vida, la integridad personal, la dignidad, la igualdad y a una vida libre de violencias.
La prevención del feminicidio es una obligación del Estado y la respuesta institucional no puede limitarse a investigar y sancionar una vez ocurrido el hecho letal. La existencia de antecedentes de violencia, amenazas, agresiones, violencia intrafamiliar, violencia sexual u otras formas de violencia contra una mujer debe ser asumida con la máxima seriedad por las autoridades e instituciones competentes, particularmente cuando concurran factores que puedan indicar un riesgo para su vida o integridad.
La ocurrencia reiterada de feminicidios y tentativas de feminicidio exige redoblar los esfuerzos institucionales, fortalecer las capacidades de respuesta y adoptar medidas inmediatas que permitan identificar, atender y superar las barreras que persisten en materia de prevención, protección, acceso a la justicia y reparación integral.
Ante esta situación, exhortamos a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, en el marco de sus competencias, a:
Analizar de manera inmediata los feminicidios y tentativas de feminicidio ocurridos en Nariño, bajo el liderazgo del máximo nivel decisorio de cada entidad, identificar los factores de riesgo y las barreras institucionales y adoptar un plan de acción interinstitucional con responsabilidades, metas, cronogramas, indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación, especialmente en los territorios con mayores niveles de riesgo.
Fortalecer la identificación temprana y valoración del riesgo feminicida, así como las medidas de protección y atención integral, particularmente cuando existan antecedentes de violencia o señales de riesgo para la vida e integridad de las mujeres. Esto requiere una actuación articulada entre las entidades, intercambio oportuno de información, continuidad y seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, así como una respuesta inmediata frente a situaciones de riesgo, evitando la revictimización de las mujeres y sus familias.
Adelantar investigaciones diligentes y oportunas, con enfoque de género y de derechos humanos, frente a los feminicidios, las tentativas de feminicidio y demás manifestaciones de violencia basada en género, que permitan a las víctimas directas e indirectas el acceso efectivo a la justicia y la debida sanción de los responsables.
Garantizar la participación efectiva de las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil en el análisis, formulación, implementación y seguimiento de las medidas de prevención de las violencias contra las mujeres, reconociendo su experiencia y conocimiento territorial.
