Por: Víctor Rivas Martínez
En una democracia seria, el cambio de gobierno no puede reducirse a una ceremonia de posesión. Antes del 7 de agosto, el país necesita algo mucho más importante: un empalme presidencial completo, transparente y útil.
El empalme presidencial es el proceso mediante el cual el gobierno saliente entrega al gobierno entrante la información esencial sobre el estado real de la administración pública: presupuesto, contratos, programas en ejecución, planta de personal, obligaciones pendientes, riesgos jurídicos, compromisos internacionales, proyectos estratégicos y asuntos que requieren decisiones inmediatas.
En Colombia, este procedimiento tiene soporte legal en normas como la Ley 951 de 2005.
La obligación tanto del presidente saliente como del entrante es preparar equipos técnicos para entregar y recibir informes claros, verificables y oportunos sobre el estado financiero de la Nación.
El gobierno saliente debe actuar con buena fe. Eso significa no ocultar información, no maquillar cifras, no convertir el empalme en una disputa ideológica y permitir que los órganos de control y la opinión pública conozca los aspectos centrales del proceso, salvo aquellos que, por razones de seguridad nacional, deban permanecer reservados.
Al revisar la historia reciente de los empalmes presidenciales de los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro, no se conoce una cifra pública que permita afirmar que hayan tenido un costo extraordinario, más allá de los gastos básicos necesarios para entregar y recibir información.
Un empalme bien hecho no favorece a un presidente ni perjudica al otro: favorece a Colombia. precisamente por eso debe hacerse con austeridad, transparencia y sentido de país. En tiempos de desconfianza institucional, cada peso público exige una explicación clara.
