Un nuevo proyecto de ley presentado ante el Congreso de la República busca establecer sanciones más fuertes para quienes, durante manifestaciones públicas, oculten deliberadamente su identidad con el propósito de cometer actos vandálicos o facilitar la realización de delitos.
La iniciativa, conocida como “Ley Anticapuchos”, fue presentada por los representantes Jaime Arizabaleta y Julio César Triana y cuenta con el respaldo de congresistas de diferentes regiones y sectores políticos del país.
La propuesta plantea modificar el Código Penal para establecer sanciones contra quienes utilicen capuchas, máscaras, pasamontañas u otros elementos para ocultar su rostro mientras participan en acciones delictivas durante una manifestación.
De acuerdo con el proyecto, estas conductas podrían ser castigadas con penas de entre 54 y 96 meses de prisión, además de multas que oscilarían entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Sin embargo, uno de los puntos centrales de la iniciativa es que cubrirse el rostro no sería considerado un delito por sí solo. La sanción estaría dirigida a quienes utilicen el ocultamiento de su identidad como una herramienta para facilitar la comisión de actos vandálicos o delitos.
Sanciones por bloqueos de vías
El proyecto también contempla medidas frente a los bloqueos ilegales de vías y de infraestructura de transporte. La propuesta busca sancionar a quienes inciten, dirijan, obliguen o proporcionen recursos para realizar este tipo de acciones cuando puedan poner en riesgo derechos como la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medioambiente o el derecho al trabajo.
Para estas conductas también se contemplan penas de prisión de entre 54 y 96 meses, multas de hasta 200 salarios mínimos y una posible inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante un periodo equivalente al de la condena.
¿Cuándo aumentarían las penas?
La iniciativa establece circunstancias que podrían hacer más graves las conductas. Entre ellas se encuentra el uso de explosivos, sustancias corrosivas, artefactos peligrosos de fabricación artesanal u otros elementos que puedan ocasionar lesiones graves o daños considerables.
También se contempla una mayor gravedad cuando los actos violentos estén dirigidos contra hospitales, instituciones educativas, organismos de socorro, bienes de interés cultural o infraestructura relacionada con servicios públicos esenciales.
¿Qué buscan sus promotores?
Los autores del proyecto aseguran que su intención no es limitar el derecho constitucional a la protesta pacífica. Por el contrario, plantean que debe existir una diferencia entre quienes participan legítimamente en una movilización y quienes aprovechan estos escenarios para cometer actos violentos o delitos.
Según sus promotores, el ocultamiento de la identidad puede dificultar la identificación de los responsables de hechos vandálicos y convertirse en un mecanismo que favorezca la impunidad. Por ello, buscan establecer herramientas adicionales para que las autoridades puedan investigar y judicializar este tipo de comportamientos.
El proyecto aún debe ser debatido
La denominada “Ley Anticapuchos” todavía no es una ley vigente. Se trata de un proyecto que apenas comienza su trámite legislativo y que deberá ser discutido en el Congreso de la República.
Durante este proceso, los congresistas podrán presentar modificaciones, discutir sus alcances y evaluar sus posibles efectos sobre derechos como la protesta social, la libertad de expresión y la seguridad ciudadana.
Por ahora, la propuesta genera debate entre quienes consideran necesario endurecer las medidas contra los actos violentos durante las manifestaciones y quienes advierten sobre la importancia de garantizar que cualquier regulación respete plenamente el derecho constitucional a la protesta pacífica.
