Un patrullero de la Policía Nacional fue condenado a seis meses de prisión luego de aceptar su responsabilidad por haberse quedado dormido mientras cumplía su turno de vigilancia en un CAI de Bogotá. El hecho ocurrió en noviembre de 2025, cuando el uniformado se encontraba prestando servicio en el CAI Porvenir, ubicado en la localidad de Usme.
De acuerdo con la investigación, las cámaras de seguridad del lugar registraron al policía quedándose dormido en tres oportunidades durante su jornada laboral. La situación quedó documentada mediante las grabaciones de video, que posteriormente fueron utilizadas como elemento de prueba dentro del proceso adelantado por las autoridades judiciales.
Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cerca de las 5:45 de la mañana, cuando el patrullero volvió a quedarse dormido mientras permanecía en las instalaciones del CAI. En esta ocasión, el uniformado tomó una bandera de Bogotá y la utilizó para cubrirse, mientras permanecía dormido durante el servicio.
La conducta fue considerada por la justicia como un incumplimiento de las obligaciones propias de su cargo, debido a que el uniformado tenía el deber de permanecer atento y disponible durante su turno. El caso fue llevado ante la jurisdicción penal militar y policial, donde se adelantó el correspondiente proceso judicial.
Durante la actuación judicial, el patrullero aceptó su responsabilidad por los hechos investigados. Posteriormente, el Juzgado 1305 Penal Militar y Policial de Conocimiento emitió la sentencia y le impuso una pena de seis meses de prisión.
El caso ha generado numerosos comentarios debido a las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, especialmente por el uso de la bandera de Bogotá como cobija mientras el uniformado se encontraba en servicio. Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron determinantes para establecer lo ocurrido durante aquella jornada.
La decisión judicial vuelve a poner sobre la mesa la importancia del cumplimiento de los turnos y las responsabilidades asignadas a los integrantes de la Fuerza Pública, particularmente en lugares destinados a prestar atención y seguridad a los ciudadanos.
Aunque los hechos ocurrieron en 2025, la noticia volvió a generar interés después de que se conociera la decisión judicial sobre el caso. La condena se produjo luego de que el uniformado reconociera su responsabilidad ante las autoridades competentes.