Una investigación que se remonta a los años en los que Jorge Eduardo Rodríguez Basante ejerció como diputado de la Asamblea de Nariño volvió a ocupar la atención de las autoridades judiciales del departamento, luego de que el exservidor público fuera capturado en la ciudad de Ipiales, en cumplimiento de una orden judicial.
La captura se produjo cuando las autoridades ubicaron a Rodríguez Basante y procedieron a hacer efectiva la orden que pesaba en su contra. El caso estaría relacionado con hechos ocurridos durante el periodo en el que se desempeñó como diputado, entre 2012 y 2015, durante la administración departamental de Raúl Delgado.
De acuerdo con la información conocida sobre el proceso, los hechos que dieron origen a la investigación estarían relacionados con presuntas irregularidades en la vinculación y remuneración de algunas personas que habrían trabajado bajo su influencia política. Una de las principales acusaciones apunta a que el entonces diputado habría exigido a determinados trabajadores entregar una parte de sus salarios.
Investigación
Según la denuncia que dio origen al proceso, no se trataría simplemente de supuestas comisiones o pagos ocasionales, sino de una práctica mediante la cual algunos empleados habrían tenido que entregar una parte considerable de sus ingresos a cambio de conservar los puestos que ocupaban.
La información recopilada durante la investigación señala que, presuntamente, algunas personas habrían sido vinculadas a determinados cargos y posteriormente se les habría exigido entregar hasta la mitad de su salario. Esta situación habría generado inconformidad entre los afectados y, finalmente, derivado en una denuncia ante los organismos de control.
Uno de los trabajadores que se consideró afectado acudió ante la Procuraduría General de la Nación, donde presentó formalmente su denuncia. El proceso avanzó en las instancias correspondientes y, según la información conocida, las decisiones adoptadas fueron favorables al denunciante tanto en primera como en segunda instancia. A partir de esas actuaciones se habría producido la correspondiente compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación, para que el organismo investigador determinara si los hechos denunciados podían constituir conductas de carácter penal. Fue así como la investigación continuó por la vía judicial hasta desembocar en la orden de captura que finalmente fue ejecutada en Ipiales el pasado 14 de agosto.