“Los escoltas tienen mejor uso protegiendo a la ciudadanía que haciendo el mercado a las señoras de los personajes”, dijo en cierta ocasión el presidente Juan Manuel Santos, a raíz de su propuesta de revisar los esquemas de seguridad de determinadas personas por el alto costo que le representa al Estado y que en muchos casos resultan innecesarios.
En Colombia, la Unidad Nacional de Protección (UNP) es el organismo que se encarga de articular, coordinar y ejecutar medidas de protección y apoyo a la prevención, promover los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de personas, colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones puedan tener un riesgo extraordinario o extremo, en el ejercicio de sus funciones.
La UNP protege actualmente en el país a más de 8.200 personas por supuestos riesgos contra su vida en todo el territorio nacional, lo cual tiene un costo de un billón de pesos anuales.
De esa cifra, aproximadamente 4 mil de los protegidos reciben ayudas como teléfonos móviles para avisar a las autoridades o chalecos antibalas, mientras que casi 2 mil personas cuentan con esquemas de seguridad que incluyen un coche blindado y dos escoltas que tiene un valor de aproximadamente 27 millones de pesos mensuales.
Según Unidad Nacional de Protección (UNP), en el año 2020 se presentaron ante esta entidad más de 35 mil solicitudes. La mayoría de ellas las hicieron líderes de juntas de acción comunal, líderes reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos. Sin embargo, solo una de seis terminó avalada por los estudios de riesgo.
Si bien los índices de violencia que ha soportado y soporta el país hace necesario que a algunos recurran a esquemas de seguridad para aminorar el riesgo de que atenten contra su vida; lo cierto es que también estamos rodeados de fantoches, muchos de los cuales “por un supuesto prestigio, por compensar alguna carencia de autoestima o sencillamente para ir haciendo lo que les da la gana, se llenan de escoltas”.
Pero eso no para allí.
De acuerdo, con la UNP, se han detectado irregularidades que resultan indignantes. Pues, algunos protegidos y sus escoltas logran lucrarse a costillas de su condición. Personas que se convierten en prestamistas gota a gota y usan a sus guardianes como oficinas de cobro, que compran tiquetes de peaje a mitad de precio para hacerle recobros al Estado, que usan sus vehículos asignados para negocios personales.
Además, se ha puesto en evidencia, ahora que se está evaluando los esquemas de seguridad, que algunos políticos y líderes sociales, entre otros protegidos, acuden a las autoamenazas para poder mantenerlos, como es el caso que se presenta con gentes de Nariño.
Por ello, es bienvenida la investigación que adelanta la Fiscalía para descubrir y sancionar a todos esos avivatos porque no se puede permitir que con dineros públicos, se tenga que satisfacer el ego y la fiebre de ciertos personajes por tener escoltas, vehículo blindado y otras gabelas, cuando ni siquiera les ladra un perro.
Por. Luis Eduardo Solarte Pastás