La violencia de género en el Atlántico ha aumentado de manera alarmante. Según informes del Instituto Nacional de Salud (INS), en lo que va de 2026, solo Barranquilla ya reporta 1.696 casos de violencia de género e intrafamiliar.
El panorama es crítico para la región Caribe, que ya acumula más de 10.700 casos notificados en el mismo periodo, siendo las mujeres y menores de edad las principales víctimas de violencia física y sexual.
La percepción que se genera es que sigue habiendo falencias en la respuesta judicial y los mecanismos de prevención temprana, que pueden estar relacionadas a una falta de articulación entre los organismos de atención y barreras socioeconómicas que enfrentan las víctimas al momento de denunciar.
Además, pueden existir asimetrías de poder históricas y una normalización de la violencia basada en género, lo que plantea unos retos muy precisos para las entidades de la región, según explica la Dra. Julia Martínez Candado, decana Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades.
“El desafío principal, y a su vez la mayor área de oportunidad para el Estado, es la consolidación de la Ley 1761 de 2015 (Ley Rosa Elvira Cely)”, señala. “Las instituciones tienen el gran reto de transformar los datos territoriales en políticas públicas anticipatorias, fortaleciendo el tejido social y económico del departamento para reducir la vulnerabilidad de las mujeres”.
Según analiza la Dra. Martínez Candado, uno de los mayores obstáculos en esta cadena institucional se presenta cuando la víctima intenta buscar ayuda. Hay factores que interfieren y frenan estos procesos, como la dependencia económica, la falta de información sobre las rutas de atención, la normalización de ciertos comportamientos violentos y el temor a la revictimización.
Para contrarrestar esto, se requiere descentralizar la atención llevando la oferta de denuncia directamente a los barrios, garantizando acompañamiento psicológico y jurídico simultáneo e integral, y asegurando que el primer contacto con la administración pública sea un espacio de absoluta confianza.
Asimismo, existen señales que son motivo de alarma para las instituciones, como la escalada de violencia psicológica, el control coercitivo, los antecedentes de maltrato intrafamiliar, el aislamiento social progresivo o las amenazas tras una separación.
Si el Estado articula estos indicios con las valoraciones de riesgo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, es posible intervenir tempranamente antes de que la agresión escale a un escenario fatal. Sin embargo, la respuesta judicial resulta insuficiente si no se transforma el sistema desde la raíz.
“En este punto, es de vital urgencia y de máxima importancia implementar una formación especializada y continua en materia de violencia de género”, recomienda la experta de VIU. “Esta formación innegociable debe darse en dos vías: para los operadores jurídicos y funcionarios (jueces, fiscales y policías) para aplicar la perspectiva de género sin sesgos, y para la sociedad civil en escuelas y entornos comunitarios. Sin esta formación especializada, la respuesta judicial siempre llegará tarde. La educación es la verdadera garantía de no repetición”.
A este panorama se suma la irrupción de las herramientas de LegalTech e Inteligencia Artificial como herramientas para agilizar los procesos. Incorporarlas ayuda a priorizar automáticamente las denuncias con alto riesgo.
Además, en materia preventiva, la tecnología ayuda a analizar datos históricos para desplegar a tiempo acciones en zonas vulnerables y automatizar la emisión de medidas de protección estándar para que los funcionarios se concentren en la atención humana.
No obstante, el uso de estas tecnologías debe respaldarse bajo un modelo de Human-in-the-loop, garantizando auditorías académicas constantes que eviten la perpetuación de sesgos históricos.
“Para generar un impacto positivo en el corto y medio plazo, las acciones institucionales pasan por crear un sistema unificado y en tiempo real que conecte a la Fiscalía, comisarías de familia, Medicina Legal y policía para trazar el nivel de riesgo exacto de cada mujer que pide ayuda”, detalla la experta. “Después, desplegar inmediatamente la capacitación especializada en perspectiva de género y, en tercer lugar, implementar herramientas tecnológicas que automaticen las alertas de riesgo y agilicen la emisión de medidas de protección eficaces”.
El llamado es a reforzar la voluntad política e institucional para frenar la violencia hacia las mujeres, donde las instituciones se articulen bien y se refuerce con educación integral para los profesionales del sector judicial, además del uso de tecnología ética, para garantizar un entorno seguro y más humano.
