En las últimas horas la Fiscalía General de la Nación dio a conocer la captura del exdirector de la Caja de Compensación Familiar-Comfamiliar de Nariño, Diego Raúl Blanco Pérez., en el marco de las investigaciones por el entramado de corrupción que se realizan en la entidad.
Con la detención de Blanco Pérez, ya son cinco las personas que han sido privadas de la libertad, en el marco de las pesquisas que realizan las autoridades por la apropiación indebida de 8 mil millones de pesos.
Es de anotar que Blanco Pérez, detenido en la ciudad de Montería-Córdoba-, lo que ocurrió cuando se presentó a la Fiscalía General de la Nación, estuvo al frente de Comfamiliar Nariño, entre mayo de 2025 y julio de 2026, siendo reemplazado por el actual director, Juan Carlos Villota.
Luego de su detención quedó a disposición de las autoridades competentes y en las próximas horas se espera que se adelante la audiencia en la que se definirá su situación judicial.
La captura se produce en desarrollo de las investigaciones que adelanta la Fiscalía, aunque hasta el momento no se han informado oficialmente los delitos que serían atribuidos al exfuncionario.
Un nuevo capítulo
La captura del exdirector administrativo de la Caja de Compensación Familiar de Nariño, Diego Raúl Blanco Pérez, constituye un nuevo y contundente capítulo dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el presunto entramado de corrupción que habría ocasionado millonarias pérdidas a la entidad. Con esta detención, asciende a cinco el número de personas privadas de la libertad dentro de este proceso que mantiene conmocionado al departamento.
En ese sentido se recuerda que Blanco Pérez, estuvo como director de Comfamiliar Nariño, hasta hace menos de dos meses, cuando fue relevado del cargo por la Superintendencia del Subsidio Familiar.
La detención de Blanco Pérez abre una nueva historia en un proceso que desde hace varias semanas viene generando preocupación entre los trabajadores, afiliados, empresarios y usuarios de la Caja, debido a las denuncias y actuaciones judiciales relacionadas con presuntas irregularidades administrativas y financieras que habrían ocasionado un detrimento superior a los 8.000 millones de pesos, de acuerdo con las investigaciones conocidas hasta el momento.
Con esta captura, ya son cinco las personas detenidas dentro del proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación. A Blanco Pérez se suman Olga Alicia Vázquez, quien se desempeñaba como subdirectora administrativa; Edgar Alonso Insandará Guerrero, exsecretario de Gobierno de Nariño y empresario; Diana Marcela Salazar y Rosa Milena Lagos, quienes también aparecen vinculadas a las investigaciones.
La nueva captura reviste especial importancia porque Diego Raúl Blanco Pérez fue el director administrativo que antecedió al actual titular de la entidad, Juan Carlos Villota Toro, quien asumió la dirección después de que la Superintendencia del Subsidio Familiar dispusiera su relevo.
Posibles avances
La Fiscalía considera que con la detención de Blanco Pérez puede permitir avanzar en la reconstrucción de hechos, decisiones administrativas, contratos y movimientos financieros que son materia de investigación.
El propósito de los investigadores es establecer con mayor precisión cómo funcionó el presunto entramado y cuál fue la participación individual de cada una de las personas que aparecen relacionadas con las actuaciones bajo investigación.
La captura del exdirector también plantea numerosos interrogantes sobre el manejo que tuvo Comfamiliar durante los últimos tiempos y sobre las decisiones adoptadas en diferentes administraciones de una entidad que permanece bajo intervención administrativa desde 2022.
El proceso
La llegada de Blanco Pérez a la dirección se produjo en medio de ese proceso de intervención. De acuerdo con información publicada anteriormente, fue designado director administrativo después de participar en un proceso nacional de selección para ocupar cargos directivos en cajas de compensación intervenidas. Su administración se prolongó durante aproximadamente 13 meses, hasta julio de 2026.
El 15 de julio, mediante la Resolución 0544 de 2026, la Superintendencia del Subsidio Familiar dispuso su separación del cargo y designó en su reemplazo a Juan Carlos Villota Toro. La medida se produjo mientras Comfamiliar Nariño continúa bajo intervención administrativa total.
Ahora, pocas semanas después de aquel relevo administrativo, su nombre vuelve a aparecer en el centro de la atención pública, esta vez por cuenta de una investigación penal.
Un enorme robo
Uno de los aspectos más delicados de la investigación tiene que ver con la cuantía de los recursos que, según la Fiscalía, habrían sido objeto de apropiaciones indebidas.
La hipótesis investigativa apunta a que se habrían presentado apropiaciones por más de 8.000 millones de pesos, mediante diferentes mecanismos que habrían permitido favorecer intereses particulares y afectar los recursos de la Caja.
Entre las conductas que están siendo examinadas aparecen el direccionamiento de contratos, sobrecostos y presuntos peculados, hechos que deberán ser demostrados dentro del proceso judicial y frente a los cuales cada uno de los investigados tendrá derecho a ejercer su defensa.
Precisamente por la gravedad de las acusaciones, las autoridades buscan establecer cómo se estructuraron las operaciones, quiénes participaron, cuáles fueron las decisiones administrativas adoptadas y qué funcionarios o particulares pudieron beneficiarse de ellas.
La investigación no solamente busca determinar el destino de los recursos, sino también establecer si existió una estructura organizada para aprovecharse de la administración de una institución que maneja recursos destinados a trabajadores, empresas y familias afiliadas.
Los involucrados
Con la captura de Diego Raúl Blanco Pérez, el número de personas privadas de la libertad dentro de este proceso asciende a cinco.
La primera línea de los detenidos está encabezada por Olga Alicia Vázquez, subgerente administrativa de la caja. Su nombre apareció desde las primeras actuaciones judiciales que pusieron al descubierto la investigación.
También se encuentra detenido Edgar Alonso Insandará Guerrero, quien además de haber ocupado el cargo de secretario de Gobierno de Nariño es reconocido por su actividad empresarial.
A ellos se suman Diana Marcela Salazar y Rosa Milena Lagos, cuyos nombres también forman parte del expediente que adelanta la Fiscalía.
El primer exdirector
La incorporación de Blanco Pérez a este grupo modifica sustancialmente el alcance político y administrativo del caso, debido a que se convierte en el primer exdirector de la Caja de Compensación Familiar de Nariño que queda directamente involucrado mediante una captura dentro del escándalo que hoy conmociona al departamento.
Hasta ahora, la investigación había concentrado buena parte de la atención en funcionarios, exfuncionarios y particulares relacionados con diferentes actuaciones de la entidad. La llegada de un antiguo director al proceso eleva todavía más las expectativas sobre lo que pueda revelar la investigación.
Una Caja intervenida
Para entender la dimensión de este escándalo es necesario recordar que Comfamiliar Nariño lleva varios años sometida a intervención administrativa por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
Durante este periodo se han producido diferentes cambios en la dirección de la entidad, mientras los organismos de control han intentado superar las dificultades administrativas y financieras que motivaron la intervención.
Diego Raúl Blanco Pérez fue precisamente uno de los directivos que estuvo al frente de la Caja durante esta etapa. En julio pasado fue reemplazado por Juan Carlos Villota Toro, quien asumió el cargo con el desafío de continuar el proceso de recuperación institucional y trabajar conjuntamente con el agente especial de intervención.
El nuevo director recibió una institución que, además de afrontar el proceso de intervención, ahora está en el centro de una investigación penal de enormes proporciones.
La Superintendencia había señalado que el cambio de dirección hacía parte de las medidas de inspección, vigilancia y control sobre Comfamiliar Nariño y que el nuevo director debería continuar con el plan de mejoramiento institucional.
TITULO (RECUADRO)
Lo que viene ahora
La captura de Diego Raúl Blanco Pérez seguramente será seguida de nuevas diligencias judiciales y de una etapa crucial para determinar cuáles fueron las responsabilidades individuales dentro del caso.
La Fiscalía tendrá que presentar ante los jueces los elementos que sustentan la captura y posteriormente establecer los cargos que correspondan a cada uno de los investigados.
También será fundamental conocer si las autoridades avanzarán hacia nuevas capturas o si, por el contrario, con los cinco detenidos se cierra el primer gran capítulo de la investigación.
Lo que sí parece evidente es que el escándalo está lejos de terminar, puesto que la captura del exdirector puede convertirse en una pieza clave para reconstruir lo ocurrido al interior de Comfamiliar y establecer si las presuntas irregularidades obedecieron a actuaciones individuales o si, como sospechan los investigadores, existió una estructura más amplia en la que participaron funcionarios y particulares.
Una situación inquietante
Para los afiliados y trabajadores de Comfamiliar, el caso resulta especialmente preocupante porque se trata de recursos que deberían estar destinados a programas sociales, subsidios, educación, recreación, vivienda, salud y bienestar de miles de familias nariñenses.
Por eso, además de las responsabilidades penales individuales, el departamento espera que las autoridades logren determinar cuánto dinero salió irregularmente de la entidad, quiénes se beneficiaron y, sobre todo, si será posible recuperar los recursos.
Como se anotaba la detención de Diego Raúl Blanco Pérez marca, sin duda, un antes y un después en el escándalo.
Es el primer exdirector de Comfamiliar Nariño que resulta capturado dentro de las investigaciones por el presunto entramado de corrupción. Su llegada al proceso judicial abre una serie de interrogantes sobre las actuaciones administrativas de los últimos años y podría aportar nuevas informaciones a los investigadores.
La justicia tendrá ahora la responsabilidad de determinar si las acusaciones tienen fundamento y cuál fue realmente el papel desempeñado por cada uno de los cinco detenidos.
Indignación y expectativa
Mientras tanto, en Nariño crece la indignación y la expectativa. Los afiliados reclaman explicaciones, los trabajadores esperan que se proteja la estabilidad de la Caja y la ciudadanía exige que se conozca toda la verdad.
El caso Comfamiliar, que comenzó como una investigación sobre presuntas irregularidades administrativas y financieras, se ha convertido hoy en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años en el departamento.
Y con la captura de Diego Raúl Blanco Pérez, la investigación entra en una nueva y decisiva etapa.
