La Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar para revisar posibles irregularidades en varios contratos relacionados con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las actividades de capacitación y acreditación de testigos electorales para las elecciones de 2026.
La actuación fue anunciada este martes 25 de agosto y busca establecer si en estos procesos pudieron presentarse sobrecostos o situaciones que comprometan el manejo de recursos públicos. Entre los contratos bajo revisión se encuentran aquellos relacionados con herramientas tecnológicas, servicios de ciberseguridad, elaboración y distribución de material informativo y capacitación electoral.
Uno de los principales focos de la revisión es la contratación realizada entre el CNE y la Unión Temporal Actores Electorales 2026. El organismo de control solicitó información detallada sobre los contratos, incluyendo sus fechas de ejecución, valores, objetos, estado actual, responsables de la supervisión o interventoría y los pagos efectuados.
La Contraloría también pidió información sobre los acuerdos celebrados con LinkTic y BexTechnology, compañías que conforman dicha unión temporal y que tienen participaciones del 95 % y 5 %, respectivamente.
El objetivo de la investigación será determinar si existen elementos que justifiquen nuevas actuaciones de control fiscal. Para ello, la entidad analizará la documentación relacionada con los procesos contractuales y el uso de los recursos públicos involucrados.
Sin embargo, la Contraloría hizo una precisión importante: la apertura de la indagación no significa que ya exista una declaración de responsabilidad contra funcionarios, contratistas o empresas. Se trata de una etapa inicial destinada a recopilar información y verificar si efectivamente ocurrieron las irregularidades señaladas.
Una vez concluya el proceso de revisión, el organismo de control anunció que dará a conocer los resultados y las decisiones que correspondan.
