En un caso que es considerado como insólito el senador Miguel Ángel Barreto, quien es investigado por el entramado de corrupción conocido como las “Marionetas 2”, asiste al Congreso bajo vigilancia electrónica, por lo que en todo momento debe utilizar un brazalete.
Barreto fue dejado en libertad, pero sigue vinculado de manera directa, a las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, por lo que a pesar de esa decisión el ente investigador, consideró necesario que en todo momento sea vigilado, por lo que se determinó que en todo momento debe utilizar el brazalete electrónico.
Se recuerda que Barreto quien hace parte del Partido Conservador Colombiano es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias de servidor público e interés indebido en la celebración de contratos, pues, al parecer, habría utilizado su poder político para realizar maniobras orientadas a direccionar e influir en la adjudicación de contratos públicos estatales.
Entramado de corrupción
El congresista estaría involucrado en el llamado caso Marionetas 2.0, que es considerado por la justicia como una continuación de un entramado de corrupción liderado originalmente por el fallecido exsenador liberal Mario Castaño, quien encabezó una red criminal que, entre 2020 y 2022, acordó desviar contratos de obras públicas a cambio de sobornos.
Para la justicia, Barreto tendría relación con un entramado con el mismo modus operandi de la red liderada por el exsenador Castaño, quien murió en prisión en el 2023. En esta réplica, varios congresistas y funcionarios públicos habrían intervenido ilegalmente en la asignación de recursos en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa Industrial y Comercial del Estado para el Desarrollo Territorial (Proyecta).
Decisiones de la Justicia
Mientras avanzan las investigaciones, la Corte determinó que Barreto no irá a prisión preventiva, pero deberá someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica controlado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Igualmente, el congresista deberá pagar una caución económica de 40 millones de pesos como garantía de cumplimiento de las órdenes judiciales y tendrá una prohibición total de tener contacto con los testigos involucrados en el proceso. Con estas medidas, Barreto podrá afrontar su proceso judicial en libertad y continuar asistiendo al Congreso de la República.
Intervención ilegal
El caso Marionetas 2.0, cuya investigación aún avanza ante la justicia, busca establecer responsabilidades sobre la intervención ilegal de congresistas y funcionarios públicos en la asignación de recursos destinados a la paz y a obras regionales a cambio de porcentajes de dinero o apoyo en elecciones.
Una condena
Sobre este, ya fue condenado el exsenador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, quien habría aprovechado su cargo para direccionar 13 contratos de este entramado en Quindío y Tolima por un valor de $24.606 millones. En marzo de este año fue condenado a 23 años de prisión.
Además, es investigado Pierre García Jacquier. El exfuncionario del DPS también enfrenta cargos por su presunta participación en el direccionamiento de los millonarios recursos de la entidad. Por el lado de Proyecta es investigado su exgerente Pablo Herrera Correa.
Las pesquisas
Respecto al congresista del Partido Conservador, la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema tras identificar que un contratista llamado Andrés José Ospina Rosales, presunto “beneficiario” de Barreto, habría concertado con el senador y con el entonces subdirector del DPS, Pierre García, el direccionamiento de múltiples contrato.
En medio de las pesquisas, Ospina Rosales fue acusado de beneficiarse de cuatro contratos de obra y consultoría en el Tolima durante el año 2022. Dichos negocios se habrían derivado de un convenio macro en el DPS, y la Fiscalía sostiene que el verdadero dueño de esos contratos era el senador Miguel Ángel Barreto.
Otro proceso
El senador Barreto, aparte de las acusaciones por su presunta participación en el caso Marionetas 2.0, enfrenta otro proceso judicial que viene desde octubre de 2021, cuando la Corte le abrió una indagación preliminar por los presuntos delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, pues al parecer no habría reportado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una donación de 20 millones de pesos realizada por un comerciante para financiar su campaña al Senado en el periodo 2018-2022.
